Los últimos hechos producidos en San Antonio de la Asunta por la erradicación de cocales con muertos y heridos, resaltan la discriminación del Gobierno en el tratamiento del tema en el Polígono 7 del Tipnis, a diferencia de esa región de los Yungas. Esta vez se tiene que lamentar la muerte del oficial de Umopar, Daynor Sandoval Ortiz y 7 heridos de esa unidad. Por su parte, los cocaleros afirman contar con heridos y desaparecidos. Según éstos, Umopar intervino una asamblea de sus miembros con gases lacrimógenos y asaltó viviendas.

El Ministro de Gobierno después haber denunciado el trágico resultado, ahora afirma que los de San Antonio contrataron mercenarios para ejecutar los crímenes. Lo cierto es que el uso de armas es un delito, pero esto no es nuevo ni mucho menos entre los cocaleros del Chapare, por ejemplo. Es indudable que la coca excedentaria debe ser erradica donde sea que exista. Sin embargo, se percibe que la decisión gubernamental depende de si se trata de militantes o aliados del MAS o si son sectores disidentes. El propio viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, reconoció que hay sembradíos de coca en el Polígono 7, además de pozas de maceración.

Altamente comprometedor para el Gobierno es el espaldarazo que dio a los colonos de dicha área cuando impidieron el ingreso del Tribunal de Derechos de la Naturaleza, aunque su propósito era constatar la construcción de una carretera y puentes en el corazón del Tipnis, visita que como ante cualquiera pondría en evidencia el cultivo prohibido y los derivados del narcotráfico, situación tanto denunciada por los habitantes indígenas como corroborada por los llamados colonos. Existen estos antecedentes, pero los organismos del Gobierno están lejos de proceder en este caso.

Tratando de justificar el atropello al mencionado Tribunal, el Ministro de Gobierno dijo que los visitantes no habían solicitado el permiso de ingreso a los “dueños” del lugar y que en esa calidad los colonos y sus adictos tienen derecho a no permitir el ingreso. Nada menos que esta afirmación avala la existencia de estados dentro del Estado, independientes y soberanos, peor si por añadidura son territorios que rayan en lo ilícito… Como aderezo a lo anterior, la misma autoridad enfatizó que el Tribunal de Derechos de Naturaleza carece de legitimidad, porque no emana de la ONU o de la OEA, consiguientemente -dijo- no tiene carácter vinculante, tratándose simplemente de una ONG. Olvida que uno de las primeras propuestas al respecto corresponde al presidente Evo Morales.

En los sucesos de la Asunta, el titular de gobierno sindicó directamente la autoría intelectual al máximo dirigente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, y a la señora Amparo Carvajal presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. El primero -desde su función dirigencial- es franco adversario del régimen, mientras que la segunda, con muchos años de defensa de los DDHH, también jugó papeles a favor de los actuales gobernantes, pero como “el mundo da vueltas”, hoy se ha convertido en perseguida de quienes defendió ayer.