Página Siete Digital / La Paz

Juan Del Granado, abogado y exalcalde de La Paz, afirma que "la oposición debe inscribir sus candidatos a las primarias", dado que si no concurre a las internas, quedará fuera de la batalla electoral.

"Si no se concurre en noviembre de 2018 a las primarias, la oposición quedará fuera de la batalla electoral y eso no parece ser en ningún caso razonable como opción política", afirma.

¿A qué atribuye que el MAS haya decidido emprender de lleno con las primarias?

Apresurar y comprimir el calendario político electoral del país, parece ser el objetivo principal del MAS al aprobar la nueva Ley de Organizaciones Políticas con primarias partidarias en enero de 2019.

¿Qué cree que está en el fondo de aquello?

Dos objetivos estarían en la mira gubernamental: El primero, obligar a la "institucionalidad estatal-electoral" a resolver anticipadamente el obstáculo del 21F que se ha mostrado, contra toda previsión masista, complejo y con la fuerza suficiente como para entorpecer gravemente el movimiento prorroguista e inconstitucional de los actuales gobernantes.

Lo que tenía que dilucidarse formalmente en julio de 2019, la habilitación o no de Evo Morales como candidato presidencial, ahora tendrá que "resolverse" entre noviembre y diciembre de 2018, medio año antes, cuando las candidaturas a primarias se inscriban y el Tribunal Supremo Electoral las valide o las rechace.

El segundo objetivo, es marcar un ritmo casi frenético para una oposición democrática hasta ahora sin aptitudes para los reflejos y las respuestas rápidas; una oposición que hasta ayer estaba todavía tomándose "todo el tiempo" para la defensa del 21F y que había definido para un "segundo momento" encarar el desafío electoral de fondo. Ahora todo se ha juntado y por lo mismo todo se ha complejizado.

Hay sectores de la oposición que rechazan las primarias. ¿Qué debe hacer la oposición?

La oposición deberá inscribir sus candidatos a las primarias, sin haberse agotado antes la defensa legal y formal del 21F que ni siquiera se agotará formalmente cuanto el Tribunal Supremo Electoral inhabilite a los perdedores del referendo del 21 de febrero de 2016. Es que tendría que hacerlo así, por la sencilla razón que según la ley los fallos del Tribunal Constitucional no tienen efecto retroactivo.

No hay manera ya de "etapizar" la confrontación política. Si no se concurre en noviembre de 2018 a las primarias, la oposición quedará fuera de la batalla electoral y eso no parece ser en ningún caso razonable como opción política.

Pero la complejidad va más allá. Es muy probable que el Gobierno, con su hegemonía burocrático estatal, imponga la candidatura de Evo en las primarias, ya sea por la difícil vía de un fallo habilitante del Tribunal Electoral, o por la expedita de un nuevo fallo infame posterior del Tribunal Constitucional, y entonces a la oposición democrática podría no quedarle otro camino que el de la calle o la esperanza lejana de la Corte Interamericana. Impredecible la movilización callejera y casi temporalmente inalcanzable la Justicia Regional.

¿Ante ese panorama qué se puede esperar?

Ante ello, estando siempre presente la defensa del voto popular del 21F, esa oposición democrática tendrá que definir si efectivamente apuesta a la unidad y a la renovación, para derrotar al prorroguismo, o se paraliza en las consignas, o peor se esteriliza en la dispersión de varias primarias y muchos candidatos.

Estamos pues ante un desafío crucial que es al mismo tiempo una oportunidad riesgosa. Está desafiado el Tribunal Supremo Electoral que presidió y proclamó los resultados irrevisables del 21 de febrero y que de ratificarlos deberá enfrentar lo que diga, o le haga decir el MAS, al Tribunal Constitucional cuya jurisdicción alcanza a las decisiones del Órgano Electoral.

Pero sobre todo está desafiada la oposición democrática cuyos núcleos más lúcidos no pueden rehuir este desafío y que juntando en un solo momento político los tiempos que parecían distintos, la defensa del 21Fy la batalla electoral final, tienen que, en la próximas semanas, calibrar la fuerza de la calle en contra de la ley apresurada o bien canalizarla hacia la articulación inmediata de un núcleo básico unitario que reúna los mejores liderazgos, con las fuerzas político-ciudadanas reales, emergentes y territoriales, capaces de aglutinar a la mayoría del país, portadora del nuevo sentido común que da cuenta del agotamiento del populismo autoritario y de la necesidad de una nueva alternativa política-estatal para todos los bolivianos.