¿Y por quién o quiénes votaremos los bolivianos este 15 de diciembre de 2024 en la tercera versión de las elecciones judiciales? La respuesta es clara: porque nada cambie. Los magistrados constitucionales autoprorrogados, quienes, como diría el Chapulín Colorado, con su astucia, tienen todo fríamente calculado, no están dispuestos a ceder aquello que el filósofo alemán Friedrich Nietzsche llama “el demonio de los hombres”: la borrachera del poder.

Por esta razón se realizarán elecciones parciales. Incluso desobedeciendo un mandato del Senado que los cesó en sus funciones, tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) permanecerán en sus cargos, mientras que se elegirán otros cuatro de los siete miembros en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca.

Este TCP ha marcado momentos cruciales en la historia reciente de Bolivia. En 2017, autorizó la reelección indefinida de Evo Morales, argumentando que un artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos permitía este derecho, a pesar de que en 2016 un referéndum, supervisado por el Tribunal Supremo Electoral, rechazó la reelección con más del 51 % de los votos.

Más recientemente, el 8 de noviembre de 2024, este mismo tribunal emitió una sentencia que, en un giro de 360 grados, no solo confirmó la inhabilitación de Evo Morales para postularse a la presidencia, sino que amplió esta prohibición para impedirle ser vicepresidente o presidente de las cámaras legislativas.

El TCP también avaló, en 2019, la posesión por sucesión de Jeanine Áñez como presidenta del Estado tras la renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera y Adriana Salvatierra, amparándose en la sentencia constitucional 0003/01 de 2000. Sin embargo, tras el retorno del socialismo al poder con Luis Arce, el TCP declaró ilegal este nombramiento y permitió el inicio de un juicio por “golpe de Estado” contra Áñez, que resultó en su detención desde el 12 de marzo de 2021.

En otro caso, la sentencia 1021/2023 del TCP habilitó al vicegobernador Mario Aguilera para asumir como gobernador de Santa Cruz en reemplazo de Luis Fernando Camacho, preso desde diciembre de 2022. Mientras tanto, varias acciones de libertad interpuestas por Camacho han sido rechazadas, argumentando la improcedencia de las mismas.

“Piensa mal y te irá bien”, decía el veterano analista político Cayetano Llobet. Si estuviera vivo, seguramente señalaría que, con la ayuda del TCP, el gobierno neutralizó a tres adversarios clave: Evo Morales, Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez.

Además, el TCP anuló, el 22 de junio de 2023, 12 procesos judiciales contra Manfred Reyes Villa, quien ahora aparece como candidato presidencial para 2025, tras haber afirmado sentirse “más cómodo gobernando con Arce que con Evo”.

En medio de una crisis económica marcada por la escasez de dólares, largas filas por combustible y una canasta familiar cada vez más costosa, estas elecciones judiciales parciales costarán al Estado Bs. 183 millones. Los bolivianos iremos a las urnas obligados a votar por candidatos habilitados mediante procedimientos dudosos, confiando en un sistema donde incluso los votos nulos o blancos solo sirven para las estadísticas: los magistrados pueden ser elegidos aunque obtengan un solo voto.

Al final, la percepción general será que nada cambiará. Si el jurista romano Ulpiano viviera, seguramente volvería a su tumba al ver que, en Bolivia, el concepto de justicia, entendido como “dar a cada uno lo que en derecho le corresponde”, está lejos de cumplirse. La solución radica en enterrar este sistema de elección de magistrados, reformar la Constitución y optar por la meritocracia, como ocurre en la mayoría de los países del mundo.