Me han preguntado como veo las campañas de propaganda que a la vista de todos y en las propias narices del Órgano Electoral Plurinacional, se ventilan por parte de los candidatos y/o sus comedidos ayucos, en lo que queda del actual proceso de las fallidas elecciones judiciales.

Abstrayéndome que la elección popular de esos altos cargos es un disparate demostrablemente fracasado y en doble oportunidad -por sus anteriores y actuales frutos podridos lo probamos más allá de toda duda razonable- y, que si se trataría entonces de popularidad y no de idoneidad (que es lo que se requiere indispensablemente para esos funcionarios que cierren esos sistemas); hay que responder que nada más ni nada menos que el Constituyente con la aprobación del soberano (64%) han sido quienes para bien o mal, aprobado y dejado ordenado en la actual CPE (art. 182.III y otros) que los postulantes o persona alguna, no podrán realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación, encargándole al OEP sea el único responsable de difundir sus méritos. Lo que ha sido reiterado por el art. 82 de la Ley de Régimen Electoral que es más explícita, pues prohíbe taxativamente a los candidatos efectuar directa o indirectamente cualquier forma de campaña o propaganda sobre su postulación en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos o espacios públicos; manifestar opinión ni tratar temas vinculados directa o indirectamente a su postulación en foros públicos, encuentros u otros de similar índole; emitir opinión a su favor, o a favor o en contra de otros postulantes, en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos o espacios públicos; dirigir, conducir o participar en programas radiales o televisivos, o mantener espacios informativos o de opinión en medios escritos; o acceder a entrevistas, por cualquier medio de comunicación, relacionadas con el cargo al que postula. También esa norma, ordena que ninguna persona particular, individual o colectiva, organización social, colegiada o política, podrá realizar campaña o propaganda a favor o en contra de alguna o algún postulante, por ningún medio de comunicación, incluyendo internet y mensajes masivos de texto por telefonía celular.

Entonces así el estado del arte constitucional y legal, resulta que el constituyente y el legislador han prohibido completamente realizar propaganda a los candidatos y terceras personas sobre esas candidaturas, dejándole solamente al OEP lo haga, en modo chuiter en sus cuñas que está difundiendo e incluso, esa ley especial para el régimen electoral, le faculta a ese Órgano que todavía no se convence que lo es, inhabilitar de oficio a los que incumplan.

Pero… la realidad siempre más dura y caprichosa que la CPE y la Ley nos está probando cotidianamente y otra vez que más allá de toda duda razonable, que gran parte de los candidatos (supongo, habrá ojalá alguna excepción) le están metiendo no más haciéndose propaganda por todos los medios posibles (directamente) o usando a sus comedidos amigos (aspirantes a alguna migajita de ser electos o algo similar); pues están haciendo todo lo humanamente posible para mostrarse invirtiendo ingentes recursos económicos ¿pensarán “recuperar”?, por ejemplo (sin pretensión de exhaustividad): de pronto dan cursos de todo lo que pueden (bravo, ojalá antes y después continúen con tan noble actividad); aparecen en las redes con su fotito con todo pretexto desde la selección de fútbol pasando por el día del chuño o cualquier acontecimiento aprovechable; existen vehículos públicos o particulares que circulan con propaganda explícita del candidato en su parabrisas trasero o laterales; circulan calendarios, tarjetas, folletos, bolígrafos, etc con propaganda explícita y, en los grupos de WhatsApp o del Facebook se hace ampliamente propaganda por terceros comedidos y hasta se crean grupos de “Los amigos de tal o cual candidato”.

Es decir, en el reino del meterle no más aunque sea ilegal, los candidatos y sus comedidos amigos, se están pasando olímpicamente por el forro la CPE y la ley y, como de costumbre, el Órgano Electoral, bien gracias… pese a que debe actuar de oficio.

En el fondo, ejerciendo mi delicioso rol de ciudadano, me cuestiona profundamente que quienes legítimamente aspiran a ser los máximos garantes de constitucionalidad y legalidad en esos altos órganos de administración de justicia, de manera pública y flagrante nos estén mostrando que les importa un soberano pepino cumplir con esas normas, que de ser electos (ojalá por 50% + 1 de los votos y no como antes) tendrían como primer deber cumplir y hacer cumplir. ¿Cómo es que nos prometen cambiar el calamitoso estado de la administración de justicia boliviana, incumpliendo flagrantemente su CPE y leyes? ¿Y dónde anda el Órgano Electoral para hacer cumplir su ley rectora? Si hasta de oficio DEBE proceder, pero como de costumbre, mira de palco… ¿Serán parte de la solución o del problema? “Hay otro fraude más profundo, más fino y que es el más dañino a la democracia: el que cometen los que desde el llano prometen todo lo contrario de lo que después hacen desde el poder”. Eduardo GALEANO.