"Pero el gobierno y su brazo legislativo, expresado en sus dos tercios en ambas cámaras, entienden que forzar las primarias para esta elección diluye la lucha democrática por el respeto al 21F y obliga a la oposición a concentrarse en una estrategia política, que -primarias mediante- está contra el tiempo y la distrae de la defensa democrática del Referendo. La jugada es inteligente y maquiavélica", escribió su posición en su blog personal.

La exautoridad criticó el rol del Órgano Electoral Plurinacional, porque bien podría "oponerse a pedido tan descabellado, opta por dejar constancia en acta que no está de acuerdo, aunque a la vez anuncia su sometimiento a la Asamblea Legislativa Plurinacional, indicando que organizará el proceso si la ley así lo establece".

"Si la Asamblea aprueba una ley que por razones técnicas y operativas es de cumplimiento imposible ¿El OEP se debe someter a ese absurdo? No, debe actuar como lo que es, un poder del Estado con interlocución en igualdad de condiciones y de decisión que los otros órganos. Si considera, como de hecho lo ha dicho, que la Ley de la Asamblea es inaplicable en esta elección, debe negarse a administrar un proceso por su falta de viabilidad y establecer con vigor sus argumentos en una discusión directa con la ALP", sostiene Mesa.

El Tribunal Supremo Electoral introdujo en la Ley de Organizaciones Políticas, la figura de primarias a implementarse de manera progresiva hasta antes de las elecciones de 2024, pero el MAS modificó esta disposición para que se aplique en las elecciones de 2019, lo que significa que las primarias se realizarán en enero y se prevé la inscripción de alianzas hasta octubre de este año.

Mesa sostiene que el día "D" en la reivindicación del respeto al referéndum, será la fecha en la que se realicen las inscripciones de los candidatos a las primarias ante el Tribunal Supremo Electoral, institución que anunció que se pronunciará sobre los candidatos una vez que se produzca la inscripción para las primarias.

Agregó que el "aparente dilema" que enfrentan los magistrados del TSE no debiera ser tal. Se refirió al razonamiento caprichoso en la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hizo el Tribunal Constitucional para avalar la repostulación sin restricciones de las autoridades electas y que declaró la inconstitucionalidad de artículos de la Constitución Política del Estado y de la Ley del Régimen Electoral.

"La figura de ´inaplicabilidad´ y, en consecuencia, la suspensión de artículos de la Carta Magna no existe. El TCP, por tanto, se extralimitó en sus atribuciones y ha convertido en nulo su fallo de habilitación del Presidente", sostuvo.

Añadió que el TSE tiene el "imperativo" de garantizar el cumplimiento de la soberanía popular que la Constitución le ha conferido, y que la administración de un proceso electoral no es otra cosa que la garantía del respeto a la decisión inalienable del pueblo.

"El Tribunal, por tanto, tiene en sus manos toda la cadena, desde la organización del Referendo, su ejecución, hasta la proclamación de sus resultados que son vinculantes y obligatorios", sostiene, al señalar que los tiempos electorales se pueden adelantar, pero no el compromiso popular por la defensa del 21F.