Si alguien había llegado a la conclusión de que el problema con el Tribunal Constitucional Plurinacional y la democracia se circunscribía exclusivamente a la Sala IV puede evidenciar que no: Cinco de los nueve Magistrados que componen el máximo órgano de interpretación de la Constitución decidieron voltear al presidente en ejercicio, Paúl Franco, por “tres faltas consecutivas sin justificación” para colocar en su lugar al predilecto del ejecutivo, Gonzalo Hurtado, el representante del Beni por cuyas manos han pasado las sentencias más jugosas en lo que a política se refiere.

El argumento para el cese es casi infantil, pero hace mucho que no se les pide demasiado a estos organismos. Ni siquiera que interpreten, pues bastaría nomás con que respetaran la Constitución e intentaran no tomar partido a la hora de dictar fallos que hacen a la democracia.

El 2 de enero de 2024 los Magistrados llenaron un vacío de poder con una resolución, cuando se debía llenar con una Ley

La decisión de colocar Hurtado al frente de la institución tampoco supone un gran cambio, pues las salas siguen siendo de alguna manera autónomos y definitivos, pero el papel del presidente sirve sobre todo para ordenar los plazos y las prioridades, y aquí viene el meollo.

Hurtado es del Beni y como su compañero Espadas, de Pando, no tendrán relevo en las elecciones del 15 de diciembre, puyes ellos mismos han suspendido esta posibilidad. En cualquier lugar del mundo estaríamos hablando de una aberrante coincidencia de intereses que genera conflicto, por lo que los propios Magistrados se inhibirían y apremiarían al Legislativo, que es quien debe resolver este tipo de asuntos con la Ley, a que lo hiciese, pero no. Eso no es precisamente lo que está pasando.

Desde el 2 de enero de 2024 los Magistrados llenaron un vacío de poder con una resolución, cuando se debía llenar con una Ley, desde entonces, si el Estado de derecho en el país ya estaba herido, ha quedado tocado de muerte.

Más allá de quien sea el beneficiario, que efectivamente es el ejecutivo, hay una enorme responsabilidad en todos los parlamentarios de este país, que primero no supieron como sortear las trampas durante el 2023, que era el año en el que había que hacerlo, y tampoco han sabido imponer la voluntad popular sobre la autoridad judicial interesada de parte, lo que es un contrasentido.

Hacer como que no pasa nada, ir a la elección parcial y pensar que esto garantiza una transparente elección en 2025 es un error de cálculo que seguramente tendrá consecuencias en el corto plazo. Esta es la primera vez que se podía garantizar una elección más o menos plural de Magistrados, pues en las dos ocasiones anteriores el rodillo del MAS eliminó cualquier disidencia, pero esta vez no.

El precedente puede además suponer que será la última. Cualquier encuesta medianamente seria anticipa una carrera dividida por la presidencia, pero  no en fragmentos demasiado chicos, sino con la solidez suficiente como para que el parlamento vuelva a acoger múltiples partidos de diferente signo que efectivamente complicarán aún más la gobernabilidad y cualquier otra situación política que haga a la forma del Estado o a su raíz, como la elección judicial.

El calendario corre y la población parece haber entendido que sus políticos se han rendido de nuevo con este pulso. Veremos cuáles son sus consecuencias.