Desde el inicio de la gestión 2024-2025 a principios de noviembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con la venia del Gobierno, mediante fallos y sentencias aprieta las clavijas y controla las tareas de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los senadores y diputados de la Asamblea Legislativa en al menos cuatro hechos, bajo la amenaza de que si no cumplen sus órdenes, serán sujetos a procesos penales.

Entre esos hechos están la sentencia constitucional 0770/2024 que ordena al TSE realizar elecciones judiciales parciales; el auto constitucional 0254/2024 que anula la sesión legislativa del 6 de junio de 2024 convocada por Andrónico Rodríguez y el auto 041/2024 que declara “nulos de pleno derecho todos los actos legislativos efectuados” por Rodríguez en dicha sesión.

A este hecho se suma el pedido que hizo el Gobierno del presidente Luis Arce a los magistrados del TCP de revisar los actuados de Rodríguez, que en su calidad de presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, promulgó las leyes 075 de cese de los magistrados prorrogados y 079 que aprueba el crédito para construir una carretera. El Gobierno habla de la presunta comisión de al menos tres delitos.

Además, está la tutela concedida en parte por la Sala Constitucional primera de La Paz, al Amparo Constitucional que presentó la directiva camaral de Diputados contra nueve asambleístas evistas para que los dejen sesionar sin agresiones; y la más reciente acción que se conoció es la orden de la Sala Constitucional primera de La Paz a los vocales del TSE, a quienes les da un plazo de tres días hábiles para que informen sobre el cumplimiento de la Sentencia 0776/2024 que reconoce como legal el congreso arcista de El Alto donde se eligió a Grover García como presidente del MAS.

Las sentencias y fallos de los magistrados del Tribunal Constitucional reciben el respaldo incondicional del Gobierno del presidente Luis Arce y del bloque arcista en la Asamblea, es decir, del oficialismo, que sale a defender cada sentencia o autoconstitucional citando el artículo 203 de la Constitución Política del Estado para decir que las decisiones y sentencias del TCP son vinculantes y de cumplimiento obligatorio, y advirtiendo, en cada situación que su incumplimiento tiene sanciones penales.