El conflicto entre el gobierno y los cocaleros de la zona de los Yungas tiene el mérito de recordarnos qué es, finalmente, lo que está detrás del poder en Bolivia: la coca.

Para sostener esa afirmación, no tenemos más que ver los hechos, incluso desde la óptica del gobierno:

Según el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) y su ministro de gobierno, buena parte de la coca que se cultiva en La Asunta, ubicada en la quinta sección de la provincia Sud Yungas de La Paz, es excedentaria y, bajo esa lógica, realizó trabajos de erradicación en ese lugar.

En ese afán se encontraban las Fuerzas de Tarea Conjunta cuando fueron víctimas de una emboscada presuntamente armada por los cocaleros del sector. El saldo de esa acción fue la muerte de un teniente de policía.

Siguiendo la versión gubernamental, la coca de La Asunta va al narcotráfico, pues es excedentaria. Desde esa óptica, parece lógico que los cocaleros de aquella región hayan armado una emboscada: estaban evitando que se destruya sus cocales destinados al tráfico de drogas.

Lo curioso es que ese panorama, enfocado desde la óptica gubernamental, es un calco, una copia de lo que se vivía hasta hace solo unos años, cuando los gobernantes eran neoliberales y, más aún, el partido en función de gobierno —así sea con alianzas— era el del exdictador Hugo Banzer Suárez.

Por aquel tiempo, el gobierno neoliberal también había identificado a un lugar donde había coca excedentaria y armó tareas de erradicación. Los cocaleros se resistieron y no armaron una sino varias emboscadas. No murió solo un teniente de la Policía sino por lo menos murieron dos. Y entre las víctimas de las emboscadas también estuvieron un teniente del ejército y un matrimonio, los esposos Andrade. Entre las víctimas estuvieron dos sureños —potosinos, para ser específicos—: el teniente del ejército Marcelo Trujillo Arando y el teniente de policía Saúl Coronado Gastelú.

Como se ve, las situaciones son similares aunque, si hablamos del pasado reciente, hay más muertos, en cantidad no precisada, y nunca se procesó a nadie por sus asesinatos.

Las diferencias no solo están en el número de muertos. Mientras hoy el conflicto está supuestamente en La Asunta, en el pasado se situaba en el Chapare. El dirigente de los cocaleros de La Paz es Franklin Gutiérrez mientras que el de los del Chapare es Evo Morales. Y utilizamos el tiempo presente porque, pese a ser el jefe de Estado, Morales nunca dejó la presidencia cocalera que actualmente desempeña a la par que la del país.

Otra de las diferencias es que los cocaleros del Chapare ahora no solo tienen un partido, el MAS, sino que este es el que gobierna el país de acuerdo a sus intereses. Mucha de esa gente incluso se ha expandido y se ha instalado en el Polígono 7 donde tiene sus cocales. La semana pasada, una misión internacional quiso entrar a ese lugar pero sus miembros no solo fueron detenidos sino también retenidos. Quien protestó por el hecho fue la presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, contra quien después se estrelló el ministro de gobierno: la acusó, junto a Gutiérrez, de ser la causante de la muerte del teniente en La Asunta.

Entonces, la gran diferencia es que los cocaleros del Chapare y demás territorios controlados por ellos tienen no solo poder económico sino también político. Ellos mandan a través de su líder máximo, Evo Morales, y nadie puede molestarles, ni siquiera en el Polígono 7 donde, según se confirmó recientemente, existe coca excedentaria y más del 90 por ciento está destinada al narcotráfico.

Aparentemente, los cocaleros de los Yungas tienen algún poder económico pero no político. Su líder ha sido detenido y ahora deberá enfrentar a la temible justicia masista, representada por jueces y fiscales que les son serviles.

De paso, se da un duro golpe a la competencia en esto del lucrativo mercado de la coca.