La escasa reacción política a la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de acatar la resolución de la sala IV del Tribunal Constitucional con la que suspendió parcialmente las elecciones judiciales en varios departamentos resulta ciertamente paradigmática, pues son los políticos quienes deben resolver un problema que atañe a nuestra democracia de forma esencial y porque son ellos quienes de una u otra forma nos han metido en este problema.

La mayoría de los análisis jurídicos independientes sobre la cuestión describen la decisión como un abuso del propio Tribunal Constitucional, cuyos miembros son además los principales beneficiarios de la suspensión, pues al menos cinco vocales – la mayoría – mantendrán su condición de autoprorrogados mientras no se elijan nuevos Magistrados en las ánforas: difícilmente se realizarán elecciones parciales para esto y difícilmente podrán ser cesados antes, como ha intentado Andrónico Rodríguez, pues ellos mismos son quienes anulan la validez de la Ley.

En un momento de descomposición como el sufrido en noviembre de 2019, la democracia boliviana fue capaz de restituir el TSE y convocar elecciones para el 3 de mayo siguiente

Hace dos lunes las fuerzas políticas se deshicieron en halagos a un Tribunal que parecía querer desafiar al ejecutivo, pero que finalmente acabó por asumir la medida por lo elemental: ni el gobierno le iba a transferir los recursos necesarios ni lo iba a proteger ante una eventual demanda penal por incumplir sentencias constitucionales. Tampoco los legisladores se han movido lo suficiente, pues de hecho, diputados tendrá difícil sesionar en lo que queda de gestión.

Sin embargo, hay todavía un argumento que sobrevuela las reacciones y que ciertamente se siente como una amenaza, y que viene a asegurar que la posibilidad de suspender las elecciones generales es real y factible.

Estas cosas ya las hemos vivido en el pasado lejano, en el pasado recientes y estos días y todos deberíamos tener claro que no hay “dictadura blanda” a la que haya que consentirle sus caprichos para evitar que vaya a peor, sino todo lo contrario.

En Bolivia se están vulnerando derechos elementales que no por ser políticos son menos elementales. Antes y ahora se interpreta la Constitución a conveniencia, se evita el ejercicio de la Asamblea, se niega la posibilidad de la interpelación o se ignoran leyes aprobadas en la sede de la soberanía nacional.

¿Hay riesgo real de que se suspendan las elecciones generales? Nadie en realidad quiere comprobarlo y de entrada parece difícil incluso jurídicamente, por todos aquellos debates sobre la preclusión y la vulneración de derechos que exigen resarcimiento individual, pero que resulta desproporcionado perjudicar a todo un país.

No conviene olvidar que en un momento de descomposición como el sufrido en noviembre de 2019, la democracia boliviana fue capaz de restituir el TSE y convocar elecciones para un 3 de mayo, y que fue una pandemia mundial la que lo retrasó hasta en dos ocasiones, pero ni siquiera en las peores condiciones estuvo verdaderamente en riesgo el que se resolviera aquel conflicto por las ánforas.

Tampoco se podrá evitar ahora. Y tal vez lo que corresponda es hacerlo realmente cuanto antes.