El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón afirmó que, con los cinco magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional, hay un “riesgo inminente” de un “fraude electoral” en las elecciones generales de 2025, que —según dijo— favorecerá al presidente Luis Arce.

“El objetivo es dejar a los cinco autoprorrogados, camuflarlos y mimetizarlos con el voto ciudadano en las judiciales el 15 de diciembre para tender la cama y hacer un fraude electoral, como en Venezuela”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

Las elecciones judiciales se llevarán delante el 15 de diciembre de forma parcial por una decisión del Tribunal Constitucional.

La semana pasada, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió continuar con las elecciones judiciales en el marco de lo que establece el Auto Constitucional 0084/2024 y que dispone la prosecución del proceso electoral para el Consejo de la Magistratura (CM), Tribunal Agroambiental (TA), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz; así como del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

En la transmisión, el diputado Alarcón afirmó que los “operadores” del presidente Arce en la Cámara de Diputados provocan los sabotajes en las sesiones para que no se viabilicen unas elecciones judiciales integras y únicas.

“Con sus autoprorrogados, han venido torpedeando las elecciones judiciales y corremos un riesgo inminente en las elecciones generales de 2025”, lamentó.

En su criterio, los magistrados autoprorrogados que se quedarán van a “hacer y deshacer” el tablero electoral de 2025, en favor de Luis Arce. “Por eso han fragmentado las elecciones para que no se vote en cinco departamentos y haya mayoría del Gobierno en el TCP”.

“Los cinco se van a quedar camuflados y mimetizados con los jueces elegidos por el voto”, indicó.

Alarcón advirtió que, en 2025, puede ocurrir lo mismo que pasó en Venezuela en las elecciones de julio de este año.

El Tribunal Supremo de Venezuela convalidó la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio entre críticas ante la falta de independencia del órgano judicial, controlado por el chavismo y haciendo oídos sordos a todos los llamamientos de la comunidad internacional de que hubiese una verificación imparcial.