La abogada Kathia Saucedo, miembro del grupo Juristas Independientes, señaló a Visión 360 que la única salida para terminar con la prórroga de mandato de los magistrados que cesaron en sus funciones, es llevarlos a un proceso que puede iniciar la Cámara de Senadores por los delitos de prevaricato y usurpación de funciones.

La jurista se pronunció sobre la promulgación de la ley que cesa en sus funciones a los magistrados autoprorrogados, por parte del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aunque en su criterio tiene algunos problemas de procedimiento.

“Pareciera que hay un problema si la sesión donde se trató esta norma, fue declarada nula por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y se debe retrotraer el procedimiento y volver a empezar el tratamiento. Pero lo que no se puede discutir es que estando ausente el presidente del Estado, Luis Arce y habiendo asumido el mandato interino el vicepresidente David Choquehuanca, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez si tiene la competencia.  Pero el procedimiento tiene problemas”, precisó.

Saucedo, remarcó que el hecho que es indiscutible es que los magistrados están asumiendo competencias y usurpando funciones que no les compete porque su periodo de mandato concluyó en enero de 2024, y se han prorrogado. Además, dijo que el TCP ha realizado actos, violando varios principios del sistema judicial, como la  independencia y objetividad.

Sin embargo, subrayó que el camino legal y de competencias para terminar con la prórroga, no es lo que se hizo ayer con la promulgación de cese de funciones de los magistrados en el Senado. Para ello se pueden encarar tres caminos, pero el más viable es un proceso legal:

1.- La elección judicial que es la forma más pragmática de retirar a los magistrados que se han prorrogado.

2.- La declaración judicial de nulidad de los actos de magistrados, pero hay problemas, porque la acción de nulidad se tendría que presentar ante el TCP.

3.- Llevar a proceso a magistrados prorrogados. El Senado tiene la competencia de juzgar en única instancia a los magistrados del TCP, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de Magistratura.

Saucedo puntualizó que “los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones son claros: prevaricato y usurpación de funciones”.