Medio: El Deber
Fecha de la publicación: domingo 17 de noviembre de 2024
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones judiciales
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Marco García, presidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), habló con EL DEBER. Participó de la Cumbre Interamericana que se realizó por primera vez en la capital cruceña y reunió a juristas de 16 países. El profesional observa que durante el proceso de elección de magistrados hubo un cuoteo político y prevé la necesidad de una reforma.
¿Cuál es la percepción del ente colegiado
regional sobre el estado de la Justicia?
En general hay un deterioro notable, no hay independencia en sus organismos de
administración de justicia. En Bolivia no funcionó lo de las elecciones de
magistrados, hacer que sean elegidos en elecciones directas es un mecanismo
fallido. Hay que discutir modificaciones importantes en este ámbito.
El camino de las elecciones, en una democracia aparente,
(asumiendo que) no haya cuoteo en el Órgano Legislativo y se proceda
consultando a la población; sin embargo, resulta en un proceso fallido. Este
proceso está siendo imitado por México, entonces hay que concebir un proceso en
que los operadores de justicia sean idóneos.
¿Cuáles
son las reformas más urgentes?
Debemos empezar por el mecanismo de selección y elección de magistrados, es un
tema importante más no es el único. Durante todo este periodo hubo una
desinstitucionalización en varios mecanismos, es decir a través de decretos
supremos eliminamos por instituciones creadas por ley como organismos de
regulación. Hay que retomar la institucionalidad, los mecanismos y cumplir con
la Constitución.
¿En
qué otros países del mundo se eligen magistrados y autoridades judiciales como
sucede en Bolivia?
En algunos estados de Estados Unidos, pero los mecanismos
son completamente distintos. En el momento que son seleccionados los
magistrados se tienen no solamente un seguimiento de la personalidad, sino de
los fallos de toda su vida pública o privada que este profesional fue
desarrollando. Entonces se verifica los fallos, sentencias que acreditan la
idoneidad de esta persona, eso no sucede en nuestro medio.
Sobre
la crisis actual. ¿Ud. cree que es posible apelar al Pacto de San José para
garantizar el voto de los bolivianos de cara las elecciones judiciales?
El Pacto de San José es más bien un reconocimiento de un
conjunto de derechos que tienen los ciudadanos y dentro de ello sirve para
todo. A partir del Pacto de San José una interpretación completamente inusual
se permitió la reelección indefinida, entonces a veces no es el Pacto en sí
mismo el que garantiza la apertura democrática sino otros los mecanismos que
hay que concebir.
En este caso, simplemente apelar al Pacto de San José no
es suficiente, hay que pensar en mecanismos mucho más amplios a partir no solo
de la elección de los gobernantes sino de la selección del personal en la
justicia y enfrentar los gravísimos problemas que tiene la humanidad.
¿Es
posible que este caso recaiga finalmente ante la CIDH y la Corte IDH por la
vulneración del derecho de 7,3 millones de electores frente a dos magistrados?
La vulneración de los derechos políticos, humanos y
fundamentales lo comprobamos periódicamente. Nuestro país incorporó un gran
repertorio de derechos, amplios, pero no se cumplen. Proclamamos que somos
defensores de la pachamama y al final resulta que lo que se hizo fue un
deterioro ambiental, en la práctica no lo estamos cumpliendo.
¿Cuál
es la percepción de que los magistrados se hayan prorrogado en sus cargos por
encima de su mandato que les otorga el voto ciudadano?
La Constitución es clara cuando dice que el periodo de
funciones termina y ellos no acataron, continuaron en sus funciones y la mayor
parte de sus fallos son complicados en su lógica y en lugar de resolver los
problemas los están generando, eso es grave.
¿Esto
no vulnera el espíritu del artículo 7 de la CPE que sustenta al sistema
democrático?
En muchos sentidos, cuando hablamos de alteraciones y
ruptura del sistema democrático es posible pensar que la autoprórroga sí vaya
encaminado en ese sentido, es decir, en una vulneración y afectación de los
cimientos a partir de los cuales se construye democracia en nuestro país.