Así como el escenario político, el comunicacional de varias instancias se ha vuelto una continuidad de juegos siniestros, cálculos de beneficio propio y agendas personales que alimentan el desastre institucional en el que hoy estamos sumergidos. 

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no sólo se ha autoprorrogado a vista y paciencia de las restantes instituciones del Estado y ante la frustración de la población boliviana, sino que, además, durante este periodo de ejercicio ilegítimo e inconstitucional, ha demostrado haber activado una operación desinformativa de corte político destinada exclusivamente a desordenar (aún más) el debilitado panorama desinstitucionalizado por el que atravesamos.

Así como ocurrió a finales del año pasado, con la secuencial publicidad de tres polémicas sentencias constitucionales en el lapso de unas horas: primero la 1010 sobre reelección indefinida, luego la 558 de suspensión de funciones del Presidente del Senado y, finalmente, la 1021 que afianza la gobernación de Aguilera en Santa Cruz; este noviembre, en un periodo de días, nuevamente “publicitaron” tres documentos: el auto constitucional 0083 que ratifica la sentencia 1010, la sentencia 0770 que determina fragmentar unas Elecciones Judiciales de nivel nacional, y la 0776 que determina que, en el MAS, el que vale es el congreso arcista.

La perversidad con la que se ha operado minuciosa y calculadamente, ya ni digamos el quiebre de todo principio de transparencia y acceso a la información, sino la distribución de estas decisiones a la clase política y a la opinión pública, se constituye en el más burdo intento de manipulación de información pública que haya conocido el país y que aunque está orientado a dar una apariencia de equilibrio y busca regular la legitimación de sus decisiones, lo que está consiguiendo es desmantelar la seguridad constitucional que nos quedaba, darle una estocada final a la institucionalidad democrática del país y que sus firmantes y operadores (hoy en la sombra) se develen de cuerpo entero (como personas, profesionales pero sobre todo como no/demócratas).

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En una coyuntura en la que existe una manifiesta voluntad de desordenar la institucionalidad y en la que el TCP se ha vuelto el actor político principal, también es preciso apuntar que el modelo comunicacional de vocería paraoficial del TSE no ayuda. Es claro que la mayoría de sus componentes se ha resignado a la existencia de una estimada vocería independiente y casi cotidiana de uno de sus miembros que se regodea hasta el hartazgo en medio de este barullo informativo y político pero que lastimosamente sólo alcanza a demostrar que no entiende lo que es un cuerpo colegiado, contribuyendo a la desnaturalización de esta vital instancia que se ha visto tan mermada en la última semana.

En un escenario de desinstitucionalización como el que atravesamos, en el que lo que se está librando ya ha quedado por fuera del campo ideológico y más bien divide a actores políticos entre quienes con sus acciones respetan y priorizan las instituciones y quienes las desprecian y las atacan intestinamente, ya no cuadran los resultados, estilo una de cal y otra de arena. Estas prácticas comunicacionales son una de cal y las restantes también. Así las cosas, si la bendición del todopoderoso TCP nos acompaña, acudiremos posiblemente a las elecciones más rechazadas de nuestra democracia, sorteando un lodazal de fallos y operaciones informativas que han sembrado en el camino a las urnas quienes han mal-entendido que la comunicación es una herramienta de poder y no así un instrumento de construcción democrática.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka