En tiempos de la posverdad que estamos viviendo, que se manifiesta con la imposición de la mentira por manipulación de la verdad, tienen un papel fundamental para que el receptor se someta a ella, la ignorancia y el miedo. La manipulación lleva a que se ponga por delante la palabra, escondiendo los hechos que se desdibujan por la vocinglería. Se escuchan con volumen muy alto palabras como democracia, justicia, derechos humanos, defensa del medio ambiente, pueblos indígenas, mientras los acontecimientos demuestran conductas contrarias. La fórmula funciona hasta que tomamos conciencia de ella. En esa lógica, será fundamental la lectura correcta de las oportunidades y los acontecimientos.

Eso está ocurriendo con el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas en el intento oficialista por “amarrar las primarias de los partidos con la reelección”, tratando de hacernos creer que el fallo del Tribunal Constitucional que habilita la reelección indefinida del presidente Morales, no modifican el Artículo 168 de la Constitución y el 21F porque no se refiere a ellos.

Resulta llamativo el grado de desinstitucionalización en el que hemos ingresado en Bolivia. La consigna política que define la conducta de los funcionarios públicos, la indefensión total del administrado que se ve violentado en su relación con el fisco, o la justicia que se aplica a la medida contra ciudadanos que no gozan de favores partidarios, son un buen motivo para analizar la necesidad de la transición.

Pensando en enero del 2020, cuando haya otro gobierno, debemos empezar a decir basta al ‘modo coimas’ con el que se mueve el aparato público en todas sus dimensiones, por ejemplo. No será un acto mágico, debe ser un cambio de conducta que nos debe hacer preguntarnos ahora, ¿podremos?

Y para llegar a enero del 2020, ¿qué pasará si el Parlamento aprueba el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas con la intención de buscar la reelección del presidente Morales, por encima de la Constitución y el Referéndum? Como parte de la comisión técnica que trabajó en la propuesta y que no consideró nunca la variable en debate pues este aspecto debía aplicarse el 2025, hay varias respuestas, asumiéndose como condición previa que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) exija al Parlamento su asistencia al pleno para explicar la fundamentación de motivos de la ley. Como órgano del Estado con mandato expreso en materia electoral, y con iniciativa parlamentaria en las leyes que son objeto de su mandato, su presencia no será una gentileza.

1. Si se aprobara el proyecto de Ley, se estaría adelantando la definición de los candidatos, del oficialismo y de la oposición. Destino final de todo proceso electoral.

2. El TSE tendría que emitir criterio sobre los ciudadanos que se postularán para las elecciones internas de los frentes y partidos, definiendo si cumplen con las condiciones legales y formales, debiendo decidir si aplica el Artículo 168 de la Constitución y el Referéndum del 21F, o el fallo trucho del tribunal constitucional.

3. El MAS estaría ingresando en una etapa de pérdida de legitimidad al enfrentar nuevamente a quién lo derrotó en los 2 últimos sucesos políticos, durante el Referéndum y la anulación del Código Penal.

4. Los jóvenes, mujeres y ciudadanos sin militancia política que han participado en las plataformas, tendrán que tomar posición política electoral para actuar en consecuencia.

Estamos en un momento de retos democráticos.