La Cámara de Senadores aprobó el miércoles 13 de noviembre el proyecto de ley Excepcional y Transitoria, que tiene como objetivo garantizar las Elecciones Judiciales 2024. Esta normativa busca asegurar que las elecciones judiciales se lleven a cabo según lo programado para el 15 de diciembre.

El proyecto, que consta de seis artículos, ha sido enviado a la Cámara de Diputados para su sanción. Esta ley prohíbe la realización de elecciones parciales en los departamentos y establece el principio de preclusión en todas las etapas del proceso electoral.

Decisión del Tribunal Constitucional

La aprobación de esta ley responde a la reciente decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que frenó parcialmente las elecciones judiciales. El objetivo es mantener la elección de nuevas autoridades dentro del calendario electoral que fue aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El artículo 3 de la nueva normativa especifica que el proceso electoral debe ser único y no debe dividirse por departamentos, lo que busca garantizar la uniformidad en la elección de magistrados y magistradas.

Controversia sobre candidatos

En un contexto reciente, la Sala Constitucional Cuarta otorgó una tutela a Hugo Vargas Palenque, quien impugnó la lista final de candidatos. Vargas argumentó que esta lista incluía postulantes que habían sido reprobados en fases de evaluación. Según él, el TSE ignoró esta controversia al recibir la nómina de la Asamblea Legislativa.

Como resultado de esta situación, la Sala Constitucional decidió declarar desierta la convocatoria a magistradas y magistrados para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija. Además, se ordenó repetir la convocatoria para el Tribunal Supremo de Justicia en Beni y Pando.

A pesar de esta controversia, el TSE argumentó que el principio de preclusión impide retroceder en las etapas del proceso electoral. Esta medida se implementa con la intención de evitar que continúen en sus funciones autoridades prorrogadas dentro del sistema judicial.

La nueva ley enfatiza en su artículo 4 que todas las fases que ya han sido resueltas en la Asamblea Legislativa han precluido y no pueden ser revertidas. Por lo tanto, las elecciones deben llevarse a cabo con las listas que ya han sido aprobadas.

Derechos del votante

Además, la normativa exige que el TSE garantice el derecho al voto de los ciudadanos. Se prohíbe cualquier suspensión, anulación o modificación del proceso electoral, asegurando así la integridad del mismo.

Prioridad en la justicia

Finalmente, en su artículo 6, la ley exhorta al TCP a garantizar el desarrollo de las elecciones judiciales. Se enfatiza la importancia de priorizar la continuidad de la justicia en Bolivia, evitando cualquier decisión que pueda poner en riesgo la elección de nuevas autoridades.