Pese a un acuerdo político suscrito hace unos días, el Tribunal Supremo Electoral ha decidido dar marcha atrás en su intención de realizar las elecciones judiciales tal como lo manda la ley, y se ha inclinado por organizar unas elecciones "chutas", a pedido de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional. Este es un nombre elegante para designar a los jueces "truchos" que decidieron, por sí mismos, emitir un fallo para prolongar sus mandatos, aunque sus resoluciones y sentencias sean nulas de pleno derecho. A pesar de su ilegalidad, sus acciones cuentan con el respaldo del gobierno de Luis Arce, quien no quiere que se realicen elecciones judiciales y está caminando peligrosamente hacia la suspensión de los comicios generales previstos para agosto de 2025. Este poder, similar al que se otorga a un sicario, faculta a los jueces a cometer cualquier barbaridad y, por supuesto, a ordenar la persecución de todo aquel que se oponga. Las autoridades electorales fueron amenazadas e inmediatamente acataron la instrucción dictatorial.