El escenario electoral en Bolivia se ha tornado aún más complejo tras la reunión entre el Órgano Electoral, los partidos políticos y representantes del Gobierno y Legislativo, en la cual se ratificó la fecha de las Elecciones Judiciales para el 15 de diciembre. Sin embargo, el acuerdo firmado, parece desvanecerse rápidamente, ante la falta de voluntad de los legisladores, pero sobre todo con la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que, en su Sala Plena, ratificó el Auto Constitucional disponiendo la paralización parcial del proceso en cinco departamentos. Esta determinación afecta las elecciones de magistrados del TCP en Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, así como las elecciones para el Tribunal Supremo de Justicia en Beni y Pando, mientras que en el resto del país el proceso, en teoría, podrá continuar.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha cuestionado la intervención del TCP, sosteniendo que vulnera principios fundamentales como la unicidad y la preclusión. La unicidad establece que las elecciones deben realizarse de manera uniforme en todo el país para asegurar la coherencia y el respeto a un sistema judicial centralizado. Al permitir que solo algunos departamentos continúen con el proceso, el TCP establece un sistema electoral fragmentado, que podría comprometer la validez y el alcance de los resultados. Si las elecciones se realizaran así, difícilmente contarán con algo de credibilidad, pues el proceso habría perdido seriedad, siendo poco probable que los bolivianos tengan alguna motivación para participar e ir a emitir su voto por alguien.

Por otra parte, el principio de preclusión establece que, una vez iniciado un proceso electoral, no se pueden retrotraer las etapas ya concluidas. Al ordenar una suspensión parcial de las elecciones en varios departamentos a escasas semanas de los comicios, el TCP interfiere en un proceso que ya estaba en marcha, generando daño económico al país, incertidumbre y controversia en el ámbito político y jurídico.

La resolución del TCP, emitida el 13 de noviembre y firmada por los cuestionados magistrados Gonzalo Hurtado e Yván Espada (acusados de estar vinculados al arcismo masista), no solo mantiene la suspensión parcial de las elecciones, sino que también plantea implicaciones sobre la continuidad de los mismos magistrados que firmaron la sentencia. Esto abre la posibilidad de que los ilegalmente “autoprorrogados”, pero respaldados por el poder político del MAS, extiendan nuevamente sus funciones.

Impacto en el calendario electoral y riesgo para las elecciones de 2025

La decisión del TCP tendrá repercusiones directas en el calendario electoral de Bolivia, con miras a las elecciones presidenciales de 2025. Dado que el proceso electoral en cinco departamentos se ha detenido, el TSE podría verse obligado a organizar una nueva elección para elegir a los magistrados de los tribunales paralizados en una fecha posterior a la prevista para los comicios de diciembre. Esto crearía una superposición de calendarios electorales, que la Constitución no permite y por tanto se pone en riesgo la realización de las elecciones de 2025, lo cual beneficiaría al arcismo y al evismo, que están conscientes de que, como van las cosas, sus posibilidades de triunfo en las urnas son escasas.

El contexto en Bolivia ya es de polarización política, y el conflicto entre el TCP con el TSE y la inacción de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no hace más que exacerbar esa situación. El hecho de que los magistrados responsables puedan beneficiarse de esta extensión de mandato, añade un componente que anularía la confianza (si queda alguna), en el sistema judicial y electoral.

Bolivia está frente a la amenaza de perturbar el cronograma electoral y romper el orden constitucional. Con las elecciones presidenciales de 2025 en el horizonte, cualquier retraso adicional en la elección de magistrados podría generar un caos en el calendario electoral, comprometiendo la organización y transparencia de los próximos comicios generales.

En este contexto, la ciudadanía y los partidos políticos deben levantar la voz y asumir acciones, en busca de un desenlace de esta disputa de intereses mezquinos y antipatrióticos. De no resolverse el conflicto de manera adecuada, Bolivia podría enfrentarse a una nueva crisis política e institucional que afecte su democracia en los años venideros.