El gobierno de Bolivia, representado por su embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha actuado al margen de la ley al declarar desiertas parcialmente las elecciones judiciales, lo cual, según el gobierno, amenaza el principio de preclusión electoral y podría afectar futuros procesos.

Durante la audiencia pública sobre la situación de la institucionalidad democrática en Bolivia, Arce criticó la Sentencia Constitucional 0770/2024, dictada recientemente por la Sala Cuarta del TCP, que declara nulas las convocatorias en los departamentos de Beni y Pando para el Tribunal Supremo de Justicia, y en cinco departamentos para el Tribunal Constitucional. “El TCP ha actuado más allá de sus facultades al interferir en un proceso en curso, lo que afecta gravemente la elección judicial en curso”, manifestó el embajador.

Ante esta situación, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) celebró el Segundo Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, donde líderes políticos, representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral, y diplomáticos internacionales reafirmaron su respaldo unánime a la realización de las elecciones judiciales el próximo 15 de diciembre. Los asistentes ratificaron la vigencia de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales de 2024 y rechazaron la sentencia del TCP.

En su intervención, Arce advirtió sobre los riesgos de no respetar el principio de preclusión electoral, señalando que esto abriría la puerta a futuras discrecionalidades que podrían comprometer la estabilidad de los procesos electorales en Bolivia, especialmente en vista de las elecciones generales previstas para 2025.