El expresidente Carlos Mesa, envalentonado por el respaldo conseguido del resto de los opositores a su denuncia de que se le pretende enjuiciar injustamente por el caso Quiborax, manifestó que desde las calles se puede evitar la postulación de Evo Morales en las elecciones de 2019.

Pocos días después, el 15 de agosto, Carlos Mesa y Jorge Quiroga, en su reunión con el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren Praeli, advirtieron que la tensión puede aumentar en el país si el presidente Evo Morales no respeta el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016. Es más, el historiador sostuvo que la insistencia del Gobierno “puede generar tensiones que no deseamos”.

La posición de ambos exjefes de Estado —quienes llegaron a esa condición luego de que Hugo Banzer Suárez falleciera por razones de salud en 2002 y Gonzalo Sánchez de Lozada renunciara en 2003— es altamente preocupante, pues representa, quizá sin pretenderlo, o más bien una señal de algo que se trama, una convocatoria a movilizarse que puede terminar en violencia. No hay duda de que la punta de lanza de esas acciones serán las llamadas plataformas ciudadanas, que en realidad son en su mayor número envoltorios engañosos de los militantes de partidos de derecha.

De hecho, la historia reciente de América Latina y de Bolivia aporta datos de lo que es capaz de hacer la oposición en su intento de frenar los procesos de cambio. Venezuela y Nicaragua constituyen ejemplos recientes de la violencia desatada contra los gobiernos de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, con la agravante del intento de magnicidio contra el segundo hace pocos días y del que la ‘oposición democrática’ no ha dicho nada. También quedan frescos los recuerdos de las jornadas de violencia de 2008 y de los planes para asesinar a Evo Morales en 2009 de parte de la ultraderecha boliviana.

La oposición tiene todo el derecho a movilizarse. Ése no es el tema ni está en cuestión. Lo preocupante es que ambos exprimeros mandatarios hagan declaraciones con términos y tonos que parecen más bien un llamado al empleo de métodos no democráticos para ‘bajar’ a Evo Morales de su candidatura, en vez de abrir un debate teórico, jurídica y políticamente, sobre la sentencia constitucional del 28 de noviembre que habilita a todas las autoridades, nacionales y subnacionales, a presentarse en las elecciones cuantas veces quieran, de tal manera que sea el soberano el que decida si continúan o no en el ejercicio de sus funciones.

Lo cuestionable de ese tipo de declaraciones, además, es la doble moral que tiene la oposición cuando los movimientos sociales y ciudadanos, que representan la base social de Evo Morales y el proceso de cambio también, se movilizan o advierten que lo harán. Es decir, la democracia funciona cuando la oposición despliega acciones contra el Gobierno, incluyendo mentiras y ofensas, pero se acaba cuando desde la calle se defiende al presidente indígena.

Pero no hay que ser ingenuos, las declaraciones de ambos expresidentes son un reconocimiento de que la disputa por continuar o revertir el proceso de cambio será en las calles antes que en las urnas. El voto sólo coronará las relaciones de fuerza que de aquí a las elecciones se vayan construyendo.