Durante el "Segundo Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia", convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la ciudad de La Paz, autoridades de los tres poderes del Estado, partidos políticos y representantes de la comunidad internacional acordaron ratificar el compromiso con las Elecciones Judiciales del 15 de diciembre. Este consenso, plasmado en una declaración, incluye puntos clave para blindar el proceso electoral, destacando la necesidad de una Ley Corta que asegure la integridad del proceso y evite fragmentación en su ejecución.

A continuación, se detallan los principales puntos del acuerdo alcanzado:

1. Ratificación de la fecha de las Elecciones Judiciales: El encuentro reafirma la realización de los comicios judiciales el 15 de diciembre de 2024, con el objetivo de renovar todas las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. La decisión se fundamenta en la vigencia de la normativa constitucional y en el rechazo a la Sentencia Constitucional N° 0770/2024-S4, la cual, según los asistentes, vulnera el principio de preclusión, base del sistema electoral boliviano.

2. Prohibición de suspensión del proceso electoral: Los participantes establecen que ningún órgano del Estado tiene la potestad de suspender, interrumpir o anular procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato. Este punto refuerza la independencia del Tribunal Supremo Electoral para llevar adelante los comicios sin interferencias externas.

3. Apoyo de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las organizaciones políticas: Los presidentes de ambas cámaras legislativas, junto con los líderes de las organizaciones políticas, expresan su respaldo al Tribunal Supremo Electoral, comprometiéndose a colaborar en todas las acciones necesarias para garantizar el desarrollo de las elecciones el 15 de diciembre.

4. Aprobación de una Ley Corta para fortalecer el proceso electoral: Con el objetivo de asegurar que las elecciones se realicen en condiciones óptimas, se acuerda viabilizar de inmediato una Ley Corta. Esta normativa dispondrá la ejecución completa del proceso electoral judicial, resguardando el principio de preclusión y la unidad del proceso. El acuerdo establece que cualquier fragmentación del proceso electoral resulta perjudicial, considerando la Ley Corta como herramienta indispensable para evitar divisiones.

5. Compromiso con procesos electorales transparentes y seguros: Se reitera el deber y la responsabilidad de los órganos del poder público y de las organizaciones políticas para garantizar procesos electorales integrales, transparentes, plurales y participativos. El compromiso incluye condiciones seguras y competitivas para que todos los actores tengan una amplia participación en la elección de las autoridades judiciales.

6. Exigencia de respeto a la Constitución y a la independencia de los poderes del Estado: Finalmente, los asistentes demandan al Tribunal Constitucional Plurinacional que respete la Constitución y mantenga la independencia de los órganos de poder del Estado, subrayando la importancia de la autonomía institucional para la estabilidad democrática del país.