La Paz, 10 de noviembre de 2024 (ABI). – Desde las 10h00 de este lunes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reunirá a representantes de los cuatro órganos del Estado con el fin de blindar la realización de las elecciones judiciales del 15 de diciembre.

La cita fue convocada por el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, con el fin de asumir una posición en conjunto frente a la sentencia constitucional 0770/2024-S4 de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declaró desierta la convocatoria a magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de Beni y Pando; y para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

Fueron invitados al cónclave representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y al propio presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como al señor Fiscal General del Estado y representantes de las organizaciones políticas.

Hassenteufel explicó que en la reunión se analizará la situación generada por la Sentencia 0770/2024, en el marco de la previsión contenida en el artículo 9 de la Ley 018, según la cual la responsabilidad sobre un proceso electoral no es exclusiva del Tribunal Supremo Electoral o del Órgano Electoral en su conjunto, sino es responsabilidad de todos.

El vocal del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe explicó que el objetivo del encuentro es “alcanzar un compromiso por parte de nuestra Asamblea Legislativa, para que puedan emitir una ley corta que disponga la continuidad e integridad de esta elección”.

“La preclusión es la garantía jurídica, es la seguridad jurídica de un proceso electoral. Si no se respeta la preclusión, desde ahora en adelante todos los procesos electorales estarán en riesgo, porque desde cualquier sala constitucional podría paralizarse un proceso electoral, y este sería el antecedente más nefasto que podría vivir nuestra democracia”, alertó el vocal en declaraciones a radio Erbol.

El proceso electoral está programado para el 15 de diciembre, fecha en la que los bolivianos debían elegir a 26 nuevas autoridades del Órgano Judicial y del TCP: a 9 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, a 9 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a 5 magistrados del Tribunal Agroambiental y a 3 consejeros del Consejo de la Magistratura.