La senadora de Creemos, Centa Rek, junto a la diputada María René Álvarez, han denunciado que la Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2024-S4, que declara desierta la convocatoria para elegir magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), representa un serio golpe al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta situación pone en riesgo la institucionalidad democrática del país.

Pronunciamiento en redes sociales

Ambas legisladoras hicieron público su pronunciamiento a través de redes sociales, advirtiendo sobre las implicaciones que esta medida política podría tener en la transparencia judicial y en el ejercicio de los derechos constitucionales. En su declaración, se destaca que hay un consenso generalizado de que esta decisión afecta al TSE y representa un riesgo significativo para la institucionalidad democrática.

Se señala que la medida es de carácter político y no jurídico, ya que permite la prolongación ilegal de la permanencia de autoridades que no han sido electas. Esto compromete la transparencia judicial, la seguridad jurídica, el principio de preclusión y el principio de concentración, todos establecidos en la Constitución Política del Estado.

Apoyo a elecciones judiciales

En este contexto, la senadora Rek coincidió con el presidente del TSE, Óscar Hasentteufel, expresando su apoyo para llevar a cabo las elecciones judiciales. “Todo mi respaldo y apoyo al presidente del TSE Bolivia, Hasentteufel, para la realización de las elecciones judiciales. Estoy presentando una minuta de comunicación para que reciba el respaldo del pleno del Senado Bolivia”, escribió Rek en su cuenta de X.

La legisladora adelantó que este lunes presentará una minuta de comunicación para su aprobación por el Pleno del Senado. “La medida sienta un peligroso precedente que amenaza la integridad de las futuras elecciones de 2025 y la estabilidad del Estado de Derecho”, advierte el pronunciamiento. Esta situación también se menciona como un debilitamiento de la democracia, ya que perpetúa a autoridades en funciones sin el respaldo del voto popular.

Críticas a la dictadura judicial

Por su parte, la diputada Álvarez criticó lo que ella llama la «dictadura judicial» de los autoprorrogados, señalando que están al servicio del Movimiento al Socialismo (MAS). Álvarez responsabiliza a estos actores por las consecuencias de sus actos ilegales. “El país sabía los riesgos de mantener a los autoprorrogados; por eso se pidió aplicar la ley y quitarles ese poder usurpado”, resaltó Álvarez.

Acciones legales solicitadas

Finalmente, ambas parlamentarias hicieron un llamado al Fiscal General del Estado para que inicie acciones penales contra los responsables de la emisión de la apócrifa Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2024-S4. Esta sentencia también afecta a los departamentos de Beni y Pando en relación con el Tribunal Supremo de Justicia, así como a Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija en lo que respecta al Tribunal Constitucional Plurinacional.