La cumbre política que se llevó a cabo este lunes 11 de noviembre, convocada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), rechazó de manera contundente el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y reafirmó la realización de las elecciones judiciales programadas para el 15 de diciembre de 2024.

En la mañana de este lunes, representantes de los órganos Electoral, Legislativo y Ejecutivo, así como de diversos partidos políticos, se reunieron con el TSE para discutir soluciones relacionadas con las elecciones judiciales. Esto ocurrió después de que el 7 de noviembre la Sala Cuarta del TCP declarara desierta la convocatoria para llevar a cabo estos comicios.

Propuestas del Órgano Electoral

Durante la reunión, el Órgano Electoral solicitó la aprobación de una ley corta que pudiera proteger las elecciones judiciales. Sin embargo, esta opción fue descartada debido a la situación actual en el Legislativo, donde existen divisiones en las bancadas.

Las autoridades también reafirmaron el principio de preclusión, que establece que no se pueden retroceder etapas ya consumadas en un proceso electoral.

Declaración conjunta de los actores políticos

Al finalizar la reunión, todos los actores políticos presentes, junto con los vocales del Órgano Electoral, firmaron una declaración que contenía al menos siete puntos. En la primera determinación, se reafirma la realización de las elecciones judiciales el 15 de diciembre de 2024, con el objetivo de renovar a las autoridades del Órgano Judicial y del TCP. Se rechaza así la sentencia constitucional 0770/2024, ya que se considera que incurre en una violación del principio de preclusión.

El segundo punto de la declaración indica que el vicepresidente del Estado, el representante del Órgano Ejecutivo, el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados y los representantes de las organizaciones políticas brindan su respaldo total al TSE en todas las acciones que se implementen para asegurar la integridad de las elecciones judiciales programadas para el 15 de diciembre de este año.

A pesar de que en la reunión se mencionó la ley corta para proteger las elecciones judiciales, en el tercer punto de las conclusiones, las autoridades ratificaron la plena vigencia de la Ley 1549, promulgada el 6 de febrero de 2024, para este propósito.

En la cuarta conclusión, se establece que todos los órganos del poder público y las organizaciones políticas tienen el deber y la responsabilidad de garantizar la realización de procesos electorales con integridad. Esto implica que deben ser seguros, transparentes, plurales, competitivos y contar con la más amplia participación ciudadana.

En el quinto punto, los titulares acordaron que el Órgano Ejecutivo debe asegurar los recursos económicos necesarios y presupuestados para llevar a cabo las elecciones judiciales, así como para la posesión de las autoridades electas en este proceso.

Como sexto punto, se solicitó a la Asamblea que emita un pronunciamiento inmediato para rechazar la sentencia constitucional 0770/2024-54, que dejó desiertas las elecciones judiciales.

Finalmente, se planteó la necesidad de considerar la inclusión de los vocales electorales en la Ley 044 sobre el juicio de responsabilidades. Este fue un pedido del TSE, con el fin de que sus autoridades no estén sujetas a la presión de procesos judiciales ordinarios.

La reunión comenzó a las 10:00 horas y contó con la participación del vicepresidente David Choquehuanca, los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Andrónico Rodríguez y Omar Yujra, el ministro de Justicia, César Siles, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, el vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, y el delegado de Creemos, Svonko Matkovic, entre otros.

A pesar de que el representante del MAS se retiró a mitad de la reunión, expresó el apoyo de su partido a la realización de las elecciones judiciales de manera íntegra, tal como planteó el TSE. Al final, García firmó el acuerdo.