El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, ha manifestado su inquietud ante la falta de pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre las elecciones judiciales en Bolivia. Esta situación pone en riesgo el sistema democrático del país.

Postergación de comicios

La preocupación se intensifica debido a que los comicios han sido postergados para el 15 de diciembre, una decisión que responde a conflictos sociales en el país. En este contexto, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, ha solicitado una respuesta urgente al TCP para poder definir el rumbo del proceso electoral.

Incertidumbre en el proceso electoral

Vargas ha cuestionado por qué el TCP no se ha pronunciado aún sobre la revisión de los amparos constitucionales relacionados con las elecciones judiciales. Esta falta de respuesta genera incertidumbre tanto en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) como entre los candidatos y el pueblo boliviano.

Solicitud de respuesta del TCP

El 21 de octubre, Hassenteufel envió una carta al presidente del TCP, Paul Franco, solicitando una “pronta y urgente” definición sobre el rumbo del proceso electoral. Esto se hace tras un análisis de los fallos emitidos en los departamentos de Pando, Beni y La Paz.

Riesgo para la democracia

Vargas ha reiterado que el sistema democrático en Bolivia podría verse seriamente afectado si el proceso electoral sufre una suspensión o una nueva postergación. Los vocales electorales han advertido en diversas ocasiones que la continuidad de estos comicios está en peligro ante la falta de algún pronunciamiento del TCP.

Inquietud entre ciudadanos

Los conflictos sociales en el país han llevado al TSE a postergar los comicios judiciales al 15 de diciembre. Esta situación ha generado una creciente inquietud entre los ciudadanos y actores políticos, quienes esperan con urgencia una resolución clara sobre el futuro electoral.

Presión sobre las instituciones

El Tribunal Constitucional Plurinacional no ha respondido a los amparos presentados por diferentes sectores relacionados con las elecciones judiciales. Esta falta de respuesta ha incrementado la presión sobre las instituciones encargadas de llevar a cabo el proceso electoral.