Casi 40 organizaciones e instituciones de la sociedad civil rechazaron la sentencia de dos “magistrados” del Tribunal Constitucional Plurinacional que suspendió las elecciones judiciales y exigen “reconducir” su interpretación para garantizar el proceso electoral.

“Demandamos al Tribunal Constitucional Plurinacional dar una respuesta inmediata a las peticiones planteadas por el Tribunal Supremo Electoral, y reconducir la línea de interpretación garantizando las elecciones judiciales”, se lee en su pronunciamiento.

Las instituciones firmantes expresaron su “profunda preocupación” por los riesgos que de la SCP 770/2024-S4 devienen para el estado de Derecho y el proceso de las elecciones judiciales que está previsto para el 15 de diciembre.

Los “magistrados” del TCP, Yván Espada y Gonzalo Hurtado, emitieron dicha sentencia que suspende las elecciones judiciales para el Tribunal Supremo de Justicia y para el Tribunal Constitucional Plurinacional en algunos departamentos del país.

Ese fallo ha sido cuestionado por los legisladores y por abogados constitucionalistas, porque ambos magistrados nuevamente fallaron preservando sus intereses en un claro “conflicto de intereses”, pero lo más grave vulnerando el principio de “preclusión” de los procesos electorales.

Las instituciones que se pronunciaron exigen “a los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial asumir corresponsabilidad en el deber de garantizar el tercer proceso de elección judicial y la correcta ponderación de los derechos en análisis, dando prevalencia al interés del pueblo boliviano que requiere un proceso de reinstitucionalización del Órgano Judicial”.

Asimismo, han respaldado la posición del TSE que busca garantizar la primacía de la Constitución Política del Estado y en consecuencia exigen a los órganos del Estado garantizar las elecciones judiciales y el derecho de la población a emitir su voto para renovar a las máximas autoridades judiciales.

El Tribunal Supremo Electoral ha convocado este lunes a una reunión interinstitucional donde presentará un proyecto de ley para blindar las elecciones judiciales ante las permanentes amenazas de la salas constitucionales y del TCP.