El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé sostiene que la reforma judicial en Bolivia lleva décadas de postergación en perjuicio de los ciudadanos. Agrega que la factibilidad para iniciarla y sostenerla solo depende de la voluntad política concertada de quienes concurren a los órganos de poder, tanto de oficialismo como de oposición.

“El inicio de una reforma judicial concertada a partir de un diagnóstico plural que oriente su rumbo e incluya modalidades de justicia “transicional” que eviten que la justicia criminalizada siga siendo una herramienta de venganza e impunidad, favorecería el desarrollo de los procesos democráticos y de gestión gubernamental sin el lastre de la judicialización de la política”, asegura, en entrevista con Visión 360. 

Rodríguez Veltzé es uno de los principales impulsores del pedido de una reforma judicial en Bolivia. Fue presidente de la extinta Corte Suprema de Justicia (hoy conocida como el Tribunal Supremo de Justicia) y formó parte de una comisión de juristas “notables” que fue nombrada a inicios del gobierno del presidente Luis Arce  para impulsar el cambio en la justicia.

El exmandatario formó parte del grupo técnico “Plural y de Alto Nivel” de diez juristas destacados que asesoraron al entonces ministro de Justicia, Iván Lima, durante el primer intento de cambios al sistema judicial, en el actual Gobierno. 

A estas alturas de la gestión, ¿es todavía factible realizar una reforma judicial? 

La reforma judicial lleva décadas de postergación en perjuicio ciudadano. La factibilidad para iniciarla y sostenerla solo depende de la voluntad política concertada de quienes concurren a los órganos de poder, tanto de oficialismo como de oposición. 

El inicio de una reforma judicial concertada a partir de un diagnóstico plural que oriente su rumbo e incluya modalidades de justicia “transicional” que eviten que la justicia criminalizada siga siendo una herramienta de venganza e impunidad, favorecería el desarrollo de los procesos democráticos y de gestión gubernamental sin el lastre de la judicialización de la política. 

Es tan importante que estimo podría considerarse incluso como un punto de encuentro entre las facciones políticas opuestas, un espacio que pondría a prueba su responsabilidad con la población, que espera la conformación y funcionamiento de un Órgano Judicial y Ministerio Público imparciales y ajenos a facciones coyunturalmente mayoritarias. 

¿Por qué considera que las propuestas de reforma judicial naufragaron?

Precisamente por la falta de voluntad política del Gobierno y su coyuntural mayoría parlamentaria. Como en el pasado y desde que nacimos como República independiente, la justicia no ha merecido la atención de los órganos Ejecutivo y Legislativo que tienden, por defecto, a asumir que la justicia es una extensión del poder y de su victoria electoral. No valoran la calidad del servicio independiente e imparcial que debe tener el sistema judicial. 

También hay que admitir que muchos fiscales, jueces y tribunales forma parte de este desfigurado escenario con decisiones complacientes en favor de propósitos electorales y políticos y que cobra mayor visibilidad en tiempos de polarización política. Los sondeos de opinión ciudadana sobre su credibilidad nunca han sido más elocuentes en reflejar su descrédito. 

¿Qué aspectos deben influir en hacer una reforma judicial?

El primero es concebir que ningún prospecto de reforma tendrá viabilidad si no concurre una voluntad política y de concertación para corresponder a la ciudadanía que así lo reclama. Otros aspectos tienen relación con que la reforma no comienza ni termina con la renovación de las autoridades de los principales tribunales. 

Es mucho más compleja e, insisto, compromete a todo el Estado en aspectos como: actualizar y armonizar la codificación; renovar la cultura jurídica de los abogados desde su formación universitaria; garantizar un presupuesto suficiente; generar políticas públicas para atender la criminalidad, el régimen penitenciario, etc.; armonizar la coexistencia de diversos sistemas bajo el marco del pluralismo jurídico existente desde tiempos coloniales; precisar los alcances del control judicial de la constitucionalidad; establecer una carrera judicial con evaluaciones periódicas y permanentes; gestión efectiva, etc., entre muchos otros que deberán surgir de un diagnóstico previo.

¿Considera que se realizarán las elecciones judiciales? ¿Hay peligro de que la elección vuelva a fracasar?

Hoy el TSE ha hecho conocer la postergación de la fecha inicial que ya tenía más de un año de demora por los deliberados obstáculos que las fracciones parlamentarias oficialistas y los propios tribunales se encargaron de colocar en el camino de su realización. No me extrañaría que vuelva a fracasar. 

Ante dos elecciones judiciales fallidas por el voto nulo, ¿cómo considera que debe votar ahora la ciudadanía?

Cada ciudadano es libre de votar como estime conveniente, ya sea favoreciendo a los candidatos de su predilección o bien expresando su rechazo a la modalidad del proceso de su preselección parlamentaria y voto popular o, por simple desconocimiento de quienes figuran en la papeleta, marcando nulo o en blanco. En las elecciones de 2011 y 2017 esta fue la tendencia mayoritaria (60%) del voto ciudadano. 

La elección de altas autoridades judiciales ¿debe ser meritoria o por voto popular?

Siempre he sostenido que la legitimidad del desempeño de los jueces es más importante que la modalidad de su elección. Que los magistrados sean elegidos por el pueblo, el Parlamento o el Presidente no los convierte automáticamente en más sabios o imparciales. Tampoco estuve de acuerdo en la modalidad del voto popular para su elección.

El voto es una expresión de simpatía a un candidato que representará una ideología o programa político; en contraste, el juez no representa a nadie, ejerce jurisdicción, contribuye a la realización de la justicia como un árbitro independiente de la política o la presión popular. Estimo que es imperativo abrir el debate constituyente para incluir este asunto, junto a otros no menos importantes, en una reforma constitucional. 

¿Cambiará de gran manera la justicia el día después de los comicios?

En absoluto, por lo que tengo anotado es más importante encarar una reforma integral, comprensiva de todo el sistema y que inevitablemente requerirá una reforma constitucional. 

¿Cómo ve la selección de Roger Mariaca como fiscal general?

Ha sido favorecido con la votación suficiente de la Asamblea Legislativa; su legitimidad se pondrá a prueba con el correcto desempeño de funciones. 

¿Cómo resolver la crisis política en la que nos encontramos?

Es también una crisis compleja, pero que debe encararse. Sostengo que la crisis de 2019 ya fue una expresión del quebrantamiento transversal de las principales instituciones democráticas, pese al no tan renovado diseño de la Constitución Política del Estado de 2009 y de la necesidad de ajustar y renovar un pacto social de convivencia pacífica y productiva entre los bolivianos. 

Considero que esa crisis y las sucesivas, particularmente en la que nos encontramos son “momentos constituyentes”, para abrir reflexiones que trasciendan la coyuntural polarización; son semillas para abrir procesos de cambio en los temas que las alimentan. Entre estos están la justicia, el sistema electoral y la reelección, el presidencialismo, y la efectividad de las funciones legislativas y de fiscalización, el tratamiento del Estado a la gestión económica y los recursos naturales para garantizar su adecuado aprovechamiento, el control judicial de la constitucionalidad, entre otros. 

Con madurez política y mayor aproximación a las causas de las protestas, los logros y fracasos parece indispensable volver a congregar al titular de la soberanía y el poder constituyente: el pueblo, para aproximar un nuevo pacto renovado. Las modalidades y tiempos podrán ser parte de nuevos consensos. 

¿Cuál puede ser la salida política al tema de los bloqueos?

La salida política es el diálogo plural, respetuoso y sostenido entre las partes confrontadas. Si tuviesen una genuina vocación de respeto por el bien común y la gobernanza democrática, por encima de sus diferencias y apetitos electorales, podrían acordar condiciones que resuelvan todas las causas de los bloqueos. 

Morales señaló que usted fue considerado para ser candidato del MAS en 2020, ¿qué fue lo que pesó para que esa posibilidad no se haya concretado?

He dedicado mi carrera profesional al servicio público del Estado al margen de la actividad política partidaria e indistintamente de quien gobierne. Esa fue la línea que adopté en el pasado y que me propuse mantener hasta mi retiro como servidor de la función pública. 

Salió a relucir en los últimos días que Venezuela apoyó a Evo Morales con movilidades. ¿Esto no se trata de injerencia en asuntos internos? 

Corresponde a las autoridades competentes verificar y comprobar las denuncias y con base en sus alcances, pronunciarse sobre ellas. 

Se vienen las elecciones de 2025. ¿Usted estará como elector o del bando de los candidatos? 

Ya lo tengo respondido, me mantendré al margen de la política partidaria. 

¿Debe Evo Morales ser habilitado para un nuevo proceso eleccionario?

Al responder una pregunta similar en 2011 sostuve que, pese a lo dispuesto por el texto constitucional, al subsistir el tema de la reelección como una tensión entre las tradicionales pretensiones de preservación o acceso al poder, el debate iba a superar el cumplimiento de la norma jurídica para instalarse en la arena política, incluyendo a los mecanismos de interpretación judicial. 

En efecto, luego se sucedieron pronunciamientos del Tribunal Constitucional Plurinacional que desde entonces no contribuyen a tener una certeza del texto constitucional y la voluntad constituyente. Primero interpretó un criterio distinto a lo previsto a la Disposición Transitoria de la Constitución Política del Estado sobre la vigencia de mandatos anteriores y luego modificó el texto constitucional con la curiosa interpretación del Pacto de San José de que la reelección era un Derecho Humano. 

A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión Consultiva en sentido contrario, en abstracto y sin referirse a país alguno, el pleno del TCP todavía no ha revisado ni dejado sin efecto sus decisiones anteriores. 

El ejercicio del Control de Convencionalidad y la función interpretativa por el TCP requieren que su pleno, no a través de salas de dos magistrados y en revisión de recursos ajenos al fondo del asunto, examine la voluntad del Constituyente en los registros de la Asamblea, los antecedentes de sus propios pronunciamientos, los fallos y opiniones sobre DDHH de tribunales cuya competencia es aceptada por Bolivia, y contrastarlas con el texto vigente. 

Mientras no concurra un tratamiento serio y preciso sobre este asunto, tanto en la vía judicial como legislativa, seguirá siendo un tema de debate político y judicial abierto. Por los recurrentes conflictos que a lo largo de la historia provocaron los propósitos de permanecer en el poder o de recuperarlo en múltiples intentos y por los mismos personajes, me inclino por alentar una reforma constitucional que de manera precisa limite el ejercicio de la Presidencia a un solo período, de seis años, y sin lugar a la reelección. 

El Perfil

• Nacimiento 2 de marzo de 1956, en Cochabamba.  
• Formación Abogado y doctor en Derecho Constitucional, egresado de la UMSS.
• Carrera Fue presidente de la entonces Corte Suprema de Justicia de Bolivia.
• Presidencia Lo fue entre el 9 de junio de 2005 y el 22 de enero de 2006. Asumió de forma interina tras la dimisión de Carlos Mesa.
• Demanda marítima En 2013, Evo Morales lo designó como agente de Bolivia ante la CIJ en La Haya, en la demanda contra Chile. 
• Diplomático Se desempeñó también como embajador de Bolivia en Países Bajos.
• Distinciones Reconocido por su independencia e imparcialidad.