El desgarro de la Constitución, causado por los anteriores titulares del TCP y defendido a muerte por sus sucesores, quienes detentan sus cargos por gracia de una elección en la que no fueron elegidos, dado el altísimo índice de votos de repudio, marcan la eclosión de una ola corruptora del contenido y las formas democráticas, que ha continuado hasta llegar al atroz acortamiento de plazos electorales que está intentando imponer la bancada del MAS en la aprobación de la ley de organizaciones políticas.

En otras circunstancias, la colección de triquiñuelas y maniobrillas gubernamentales para mantener a flote la anticonstitucional candidatura de su caudillo podrían denominarse el “reino de la picardía”, pero como están tan pringadas con chanchullos y corrupción, apenas alcanzan el rango de chiquero; carente de imaginación y bueno sólo para hacer trampa.

Eso de decir que el régimen “obliga a los opositores a ir a una elección primaria de candidatos” es la forma más temerosa y traicionera de informar sobre lo que realmente está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, donde no se enfrentan una opción democratizadora (la gubernamental) contra la de sus oponentes partidarios, sino la imposición de un cronograma electoral, destinado a forzar y barnizar el binomio Morales-García, vetado, doblemente, por la Constitución y la voluntad soberana del pueblo.

El caudillismo oficialista se impone al de sus adversarios (lo que es irrelevante desde un punto de vista democrático), pero lo hace pisoteando la Carta Magna, la decisión libre de la ciudadanía y las recomendaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que impacta a los derechos ciudadanos, y al proceso democrático.

EL TSE ha enfatizado que las elecciones primarias deben programarse para las elecciones de 2024, porque en las condiciones y términos actuales no garantizan que se cumplan los propósitos con que se introdujeron en el proyecto de ley. Tal advertencia ratifica la alarma que provoca el jueguito ejecutado por los 2/3 de representantes legislativos que obedecen al Ejecutivo, defendiendo el mantenimiento del control del poder y la impunidad para el sistema corporativo estatal, de sus dirigentes, y aliados.

La prisa en imponer las primarias para enero tiene como objetivos: poner contra la pared a una oposición partidista atufada e incapaz de entender que no se derrotará al caudillismo con otra versión caudillista; burlar la presión que ejerce la movilización ciudadana que exige el cumplimiento del resultado del referendo constitucional y prevenir el daño que puede ocasionarles que algunos de los miembros más destacados del TSE se opongan a inscribir a los candidatos del binomio masista, cumpliendo la CPE y el mandato del referendo de 2016.

Si esta negativa se conociera en junio de 2019, que es el plazo públicamente establecido por el TSE, imposibilitaría el cumplimiento del cronograma electoral, ahondando el desgaste de la fórmula oficialista y abriría un escenario impredecible, quizás incontrolable, para un gobierno que no cesa de desacreditarse y perder fuerza, y convocatoria.

Es difícil dudar que, ya sea en enero o en junio, los vocales que cuestionen la inscripción del binomio del MAS serían destituidos, enjuiciados y seguramente escarnecidos, como parte de un nuevo empellón de amedrentamiento del régimen, como los ejecutados contra la presidenta de Asamblea de Derechos Humanos, del Tribunal Internacional que osó ingresar al TIPNIS, y, en este caso, de los magistrados que sean fieles a su juramento de hacer respetar la Constitución y las leyes.

Pero ocurre que gobernar apoyándose en la intimidación, la arbitrariedad y las picardías tiene costos crecientes. La remoción de los vocales del Organo Electoral convertiría éstos en símbolo de la resistencia ciudadana y, eventualmente, en sus representantes en todos los espacios, incluido el electoral, porque ciertamente la abstención no es una alternativa.

La intensificación de la resistencia urbana, su estratégica alianza con la indígena, el trabajo de rescatar un proyecto de país, sobre una plataforma basada en el cumplimiento de las grandes líneas trazadas en la CPE, son las tareas de hoy para derrotar al miedo y las picardías del poder.

Roger Cortez Hurtado es director del Instituto Alternativo.