Beatriz Layme / La Paz

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) tiene al menos cinco opciones de veredicto contra el Estado boliviano por insistir en la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por medio del corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

En noviembre de 2017, en Bonn, Alemania, los dirigentes de la Subcentral TIPNIS, Fabián Gil y Marqueza Teco, expusieron ante la corte la denuncia por violación a su territorio.

El Tribunal, luego de un análisis, decidió enviar a Bolivia una Comisión. Del 15 al 21 de agosto, esa delegación verificó in situ y quedó convencida de la violación a la naturaleza, luego de quedar cercada por seis horas por colonos del Polígono 7.

Por similares casos, en otros países, el Tribunal emitió los siguientes veredictos: condena moral al Estado infractor, reparación y pago por daños ambientales a favor de los afectados, orden de paralizar las obras por riesgos ambientales, pedir disculpas a la población alcanzada por el impacto ambiental, y la exigencia de un cambio de conciencia que implica revisar todo el proyecto.

Los fallos del Tribunal, más que una condena vinculante, se constituyen en una “llamada de atención”, la cual ingresa a la historia del mundo y socava la autoridad moral de un determinado Estado, explica el argentino Enrique Viale, abogado ambientalista que forma parte del staff del ente internacional.

La “fuerza de las sentencias” es que “vienen revestidas y respaldadas, porque son dictadas por reconocidas figuras de alta solvencia moral nacional e internacional”, según expertos ambientalistas.

Para emitir un veredicto, los jueces del Tribunal toman en cuenta criterios relativos al comportamiento del denunciado, como los frecuentes engaños, la mala fe, las promesas incumplidas, encubrimiento de evidencias violatorias, inducción a la corrupción moral de los afectados y acciones de divisionismo de los movilizados para que un sector respalde el proyecto motivo de la denuncia.

El Tribunal, organizado por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, es una iniciativa proveniente de la sociedad civil, a fin de exigir o hacer valer una mayor justicia ambiental, frente a gobiernos o actores económicos privados que han pecado de “patente” irresponsabilidad, inescrupulosidad y encubrimiento por crímenes ambientales, según su portal.

Resolución contra Bolivia

Este Tribunal se estrena en Bolivia con la polémica intención del Gobierno de construir una carretera por el TIPNIS, amparado en la Ley 969. Esa norma derogó la “intangibilidad”, vulnerando el artículo 385 de la Constitución, que establece que “las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país”.

La Decisión Nº 1/2018 del TIDN, emitida entre el 7 y 8 de noviembre de 2017, solicitó al Gobierno suspender la construcción de la carretera y los puentes, así como parar las actividades de prospección y exploración de petróleo en el TIPNIS y en sus proximidades, hasta que el Tribunal haya concluido su labor.

La resolución aclaró que la suspensión es una medida cautelar apropiada para evitar posibles violaciones mayores de los derechos de la Madre Tierra y los pueblos indígenas. El Gobierno no tomó en cuenta aquella determinación, con el argumento de que el Tribunal no tiene legalidad.

Otro tropiezo que afrontó esa corte fue que la Comisión que envió no logró ingresar al Polígono 7 a recopilar mayor información y pruebas sobre la construcción de los puentes y observar las violaciones denunciadas.

Los dirigentes del Consejo Indígena del Sur (Conisur), afín al Gobierno, cercaron la caravana a la altura de Isinuta, “puerta” de ingreso al TIPNIS. Por seis horas no pudieron entrar ni salir de la zona.

En La Paz, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó a los miembros del Tribunal de ser activistas de ONG y le restó autoridad y legitimidad.

Empero, el Tribunal, a tiempo de emitir la Decisión N° 1/2018, anunció que a base de la respuesta del Gobierno y a todas las pruebas recolectadas in situ, emitirá una resolución final.

Si bien el Tribunal no está vinculado formalmente al sistema legal internacional, hasta ahora ha conocido 12 casos, de los que admitió siete. Entre aquellos están las causas Chevron-Texaco, en Ecuador; derrame de British PetroleumDeepHorizon, en Estados Unidos; y la extracción petrolera en Yasuní-ITT, en Ecuador.

Esa corte también conoció la amenaza contra el Gran Arrecife de Coral en Australia, como consecuencia de un proyecto minero de carbón; el proyecto a cielo abierto en Cóndor Mirador en Ecuador; la persecución a los defensores de la Naturaleza en Ecuador; y el caso de la fractura hidráulica en Estados Unidos (ver infografía).

Todo veredicto que emite el Tribunal busca promover vivir en armonía, reconociendo, en principio, los Derechos de la Naturaleza. A través de la sentencia moral, exhorta a definir otro modelo económico alejado del extractivismo, crear un sistema social y estructura de gobernanza que reconozca la interdependencia de los humanos y los sistemas de la tierra.

Ante la falta de reconocimiento de los países, el Tribunal no renunció a su potestad de ir más allá de la noción de los derechos de la naturaleza, de ser un ente dictaminador o asesor jurídico en materia de justicia reparadora o restauradora. “Se pretende llegar a un campo más amplio y coherente en el contexto ético y cambio de civilización”, dijo Alberto Acosta, expresidente del Tribunal.