El segundo ratificó un fallo de fines de 2023 con el que se descartó la reelección presidencial “continua” o “discontinua”. El dictamen se conoció tras el bloqueo de caminos de 24 días que promovió Evo Morales, el político que quiere volver al poder siendo líder del MAS, el partido gobernante.

En medio de estas decisiones, el vicepresidente David Choquehuanca cuestionó el trabajo del sistema judicial. Durante el informe con el que comenzó el último año de su mandato, calificó a la Justicia de “mercantilista” y “corrupta”. “Seguimos ensayando un modelo de justicia, vía elecciones judiciales, que no funciona y está cansando más al pueblo. Todo el sistema judicial está mercantilizado y es corrupto, y lo que se está reformando no alcanza para remediarlo”, afirmó la autoridad.

Desde 2009, Bolivia ha celebrado dos elecciones de magistrados —2011 y 2017— del Órgano Judicial, a partir de una preselección de candidatos que se realizó en el ámbito del debate político de la Asamblea. Esta reforma fue presentada entonces como parte de las transformaciones más radicales del Estado Plurinacional que defiende el vicepresidente. Esa fórmula electoral no funcionó en 2023 y provocó que los magistrados decidan prorrogarse de manera unilateral e indefinidamente en sus cargos más allá del mandato que les otorgó el voto.

Esos comicios fueron fijados para diciembre de este año, pero el fallo del TCP emitido por esas mismas autoridades salientes, volvió a poner en vilo el proceso.

Ante este escenario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado a llevar adelante las elecciones de los magistrados del Órgano Judicial el 15 de diciembre, de acuerdo con el cronograma del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y alertó del deterioro de la Justicia.

“La CIDH recuerda que la demora excesiva en la designación de personas operadoras de justicia de las más altas instancias puede dar lugar a cuestionamientos sobre la legitimidad de la administración de justicia y causar afectaciones al Estado de derecho como elemento indispensable de la democracia y la vigencia de los Derechos Humanos”, señala ayer en comunicado emitido a través de su canal digital y redes sociales.

El TSE no validó la decisión del Tribunal Constitucional y llamó para este lunes a una reunión con los representantes de los poderes públicos del Estado y a representantes de todos los partidos políticos para evitar el debilitamiento institucional del Estado y reafirmar el poder de este organismo, establecido en la CPE, de llevar adelante comicios electorales sin interferencias de ninguna índole.

El factor Evo

El evismo cuestionó la sentencia y acusó al Gobierno de estar detrás de la determinación. Además, observó que los mismos magistrados que “favorecieron” a Manfred Reyes Villa y Branko Marinkovic son los que están “restringiendo” la candidatura de su líder.

El exministro Carlos Romero afirmó que los mismos vocales de la Sala Cuarta del TCP, Gonzalo Hurtado e Iván Espada, quienes devolvieron tierras a Marinkovic y anularon los juicios de Manfred Reyes Villa, ahora restringen la repostulación de Evo Morales para las elecciones generales de 2025.

Romero dijo que la “reelección discontinua” solo existe en la interpretación de estos vocales y enfatizó que ni siquiera la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) abordó esta categoría. Dijo que la Corte-IDH únicamente vetó la reelección indefinida de un funcionario en ejercicio.

El Auto Constitucional 0083/2024-ECA declara que el periodo de mandato de las autoridades electas de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial serán “únicamente” por dos periodos, sean estos continuos o discontinuos, sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato.

El diputado José Carlos Gutiérrez, de la alianza Creemos, aseguró que con el fallo del TCP se “acabó el caudillismo” y que Evo Morales “nunca más va a poder ser candidato a presidente”. El legislador dijo que la decisión que tomaron los magistrados es la “muerte política” de Morales.