La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó al Estado de Bolivia que la demora “excesiva” en la designación de magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pude dar lugar a cuestionamientos sobre la legitimidad de la administración de la Justicia.

Además, indicó que pueda causar afectaciones al estado de derecho como elemento “indispensable” de la democracia y la vigencia de los derechos humanos.

“Por lo que insta a la celebración pacífica de elección de autoridades judiciales previstas para el 15 de diciembre”.

También reitera que “es indispensable que el Estado y la sociedad boliviana incorporen el diálogo como vía para superar los conflictos sociales existentes en el país; así como evitar que el clima de polarización obstruya la celebración de las elecciones de autoridades judiciales.

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La Sala Cuarta del TCP emitió la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4 en el que ratificó la decisión de la Sala Constitucional Primera de Beni y declaró desierta la convocatoria a la elección de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando.

También declaró desierta la convocatoria para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.

El fallo constitucional dispone además “la inaplicación del art. 37.II de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 por ser manifiestamente contrario a las normas constitucionales mencionadas”.

Continuidad

A pesar de la decisión constitucional, el Tribunal Supremo Electoral determinó la continuidad del proceso electoral judicial, programado para el 15 de diciembre.

“Las elecciones se realizarán en las fechas previstas, bajo las constituciones legales vigentes, se trata de un anhelo y un pedido de toda la población y nosotros vamos a mantener el mandato del pueblo”, señaló el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel.

Además, el Órgano Electoral convocó a una reunión política para garantizar las elecciones judiciales tras el fallo del TCP.