Asegurando que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sienta “funestos precedentes” y pone en riesgo futuros procesos electorales, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel Salazar, confirmó que las elecciones judiciales continúan en marcha, en las fechas y condiciones previstas. Además, señaló que una sentencia constitucional tiene carácter obligatorio y vinculante solo cuando emergen de un tribunal legítimo.
En conferencia de prensa convocada para dar a conocer la posición del TSE respecto a este fallo, Hassenteufel se refirió a las posibles sanciones en caso de no acatar una disposición de estas características, precisando que el carácter vinculante de una resolución del TCP tiene mucho que ver con la legitimidad del Tribunal que lo emite.
“Creo que en este caso hay que hacer una diferencia, ese carácter obligatorio es real y hay que cumplirlo, cuando emerge de un Tribunal Constitucional absolutamente legítimo, no es el caso”, dijo.
Asimismo, apuntó que el fallo en cuestión, no emerge del pleno del TCP sino de una Sala Constitucional controlada por dos magistrados, quienes además forman parte del grupo de autoridades judiciales que dispusieron una “autoprórroga” para permanecer en sus cargos de forma indefinida.
“Creo que es momento de que el pueblo boliviano ponga un freno a los excesos del Tribunal Constitucional”, expresó el vocal presidente, agregando que el TSE también garantiza la realización de las Elecciones Generales 2025, en los tiempos y condiciones que se fijen en la respectiva convocatoria y calendario electoral para estos comicios.
Previamente, Hassenteufel dio lectura a un pronunciamiento del TSE, en el que se observa la reciente determinación de dos magistrados del TCP, calificándola como “fuera de lugar” al incurrir en una flagrante violación del principio de preclusión, establecido en diversas normas del ámbito electoral, mismas que no han sido derogadas, modificadas, abrogadas o declaradas inconstitucionales.
“La preclusión es un principio fundamental sobre el cual se asienta el sistema electoral boliviano. En consecuencia, la sentencia constitucional Nro. 0770/2024-S4, a tiempo de atentar contra este principio (así sea de manera excepcional), sienta un funesto precedente y pone en riesgo la realización de cualquier proceso electoral en el futuro”, señaló.
Otro cuestionamiento del TSE tiene que ver con que dicha sentencia implica un desconocimiento de la naturaleza y competencias del Tribunal Supremo Electoral, que por mandato constitucional es el máximo nivel del Órgano Electoral Plurinacional, tiene jurisdicción nacional y es la única instancia responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales.
“Se pasó por alto el artículo 12 de la Constitución, según el cual el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado se fundamenta en la independencia, separación, coordinación y cooperación de los diferentes órganos, cuyas funciones no pueden ser delegadas en uno solo ni son delegables entre sí”, aclaró.
En ese contexto, alertó que la sentencia constitucional objetada genera la posibilidad de que el proceso de elección se realice en dos momentos diferentes, con la posibilidad de que una vez realizada la elección parcial puedan coexistir dos tipos de magistrados, los que resulten electos y los “autoprorrogados”.
Por todo lo señalado, Hassenteufel anunció que el TSE plateará ante la Sala Cuarta del TCP, una solicitud de explicación, complementación y enmienda, para que se explique si una acción de amparo puede determinar la inaplicabilidad de una norma, se justifique la inobservancia al principio de preclusión, se aclare si se dispuso llevar adelante un proceso de elección fragmentado.
Asimismo, informó que se redactará un proyecto de ley para que la ALP apruebe y disponga la prosecución del proceso electoral judicial en su integridad.
Anunció además la convocatoria a una reunión con representantes de los cuatro Órganos del Estado, organizaciones políticas y con el propio presidente del TCP y el Fiscal General, con la finalidad de analizar la situación generada por la Sentencia 0770/2024, tomando en cuenta la corresponsabilidad establecida en Ley del Régimen Electoral.
“El TSE, con el apoyo, cooperación y respaldo de la sociedad en su conjunto, garantiza a las bolivianas y bolivianos que sabrá cumplir sus atribuciones y competencias llevando adelante el proceso de elección de las y los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco establecido por la Carta Magna y las leyes secundarias”, explicó.