Un nuevo pedido de cancelación a la personería jurídica del Movimiento al Socialismo (MAS), fue presentado por el asambleísta departamental, Israel Alanoca, la denuncia hace referencia a los excesos cometidos por militantes y por el propio jefe de esta organización política, Evo Morales, mediante bloqueos de caminos y la toma física de unidades militares acantonadas en la región del trópico.

“El pueblo boliviano ha sido testigo de los actos vandálicos contra el estado boliviano que ha realizado el señor Evo Morales, también hemos visto que sus acólitos han invadido cuarteles e inclusive tomado municiones y armas”, indicó el asambleísta.

Alanoca explicó que si se toma en cuenta que Evo Morales es el máximo dirigente del MAS y fueron sus bases las que ejecutaron una medida de presión perjudicial para el país y su economía, es preciso que el Órgano Electoral se pronuncie y sancione este proceder, tal como señalan las normas vigentes.

“Nosotros estamos remitiendo una denuncia ante el TSE para que pueda proceder con la cancelación de la personería jurídica del MAS”, dijo.

Puntualizando que el artículo 58 de la Ley 1096 sanciona la participación de organizaciones políticas en “actos sediciosos”, Alanoca recordó que, días atrás, las Fuerzas Armadas emitieron u comunicado denunciando la toma de unidades militares acantonadas en el trópico y alertando por el secuestro de personal militar, armamento y munición

A este comunicado se suman otros similares, emitidos por la Policía Boliviana y el propio Gobierno nacional, denunciando el hecho ante la comunidad internacional.

En ese contexto, Alanoca manifestó que estas pruebas son suficientes para que el TSE proceda con la cancelación inmediata de la personería jurídica del MAS

“Aquí vamos a ver si el TSE es institucional y si ellos pueden actuar en el marco de la ley y de la independencia de poderes”, agregó.

Desde el Tribunal Electoral, el Vocal Tahuichi Tahuichi Quispe, informó que en los últimos días se han interpuesto varias denuncias contra el MAS, adelantando que estas serán analizadas por el equipo jurídico del Órgano Electoral, sin embargo, es necesario que el Ministerio Público emita un informe previo.