La candidata al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Arminda Méndez Terrazas, está en el ojo de la tormenta luego de que surgieran denuncias en su contra sobre un posible vínculo con el bloqueo de caminos en Mairana, en el departamento de Santa Cruz.

La postulante negó este martes tener relación o haber pagado a los bloqueadores evistas tal como sospecha la Policía. No obstante, la Fiscalía no descartó una convocatoria para declarar.

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Según los reportes preliminares, la Policía Boliviana encontró afiches y sellos con la imagen de la candidata en el vehículo del concejal de Mairana, Gilbert Tapia, quién es sindicado de financiar los bloqueos en esa región.

La candidata de los comicios programados para el 15 de diciembre salió al frente para asegurar que es inocente.

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“Yo jamás, no tengo nada que ver con un financiamiento de un bloqueo. Soy una mujer de paz, de tranquilidad encargada solamente de cumplir la ley”, aseguró la postulante.

En ese marco, dejó en manos de los investigadores el curso del caso que ya es un escándalo.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló este martes durante la presentación del caso en La Paz que había indicios de un posible vínculo de la postulante con el concejal Tapia, sobre supuestas conversaciones telefónicas y propaganda electoral.

“Yo no quiero pensar que esta candidata estaría financiando estos actos terroristas en el municipio de Mairana”, afirmó la autoridad del Gobierno.

En ese marco, anunció que estos elementos serán presentados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que evalúe el caso.

“No quisiéramos pensar que están buscando llevar al departamento de Sucre, en las altas esferas, a magistradas o magistrados que vayan a ser beneficiados el día de mañana estos terroristas”, manifestó.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, no descartó una posible citación para que la candidata declare por este caso.

Con base en una ley sobre terrorismo, la Policía aprehendió a 18 personas, entre ellas el concejal Tapia, quienes luego fueron trasladadas hasta la ciudad de La Paz.

“No se descarta cualquier citación o convocatoria por parte del Ministerio Público y las diligencias que realice la Policía Boliviana, con el fin de esclarecer estos hechos investigados”, señaló el fiscal cruceño.