Bolivia tiene de aquí a fin de año muchos desafíos encima de la mesa. Estabilizar el dólar, asegurar el suministro de combustible, evitar una escalada de violencia popular que se lleve por delante no tanto al gobierno como a un montón de vidas inocentes… también llevar adelante unas elecciones judiciales que parecen ser clave para el futuro del país y que precisamente por eso, hay demasiadas fuerzas interesadas en derribarla.

Por el momento ya se ha aplazado la elección quince días, dos semanas que parecen nada pero que pueden ser clave para el resto de procesos. El MAS debe solucionar sus problemas en este año y el Tribunal Supremo Electoral debe exigirlo de esa manera, pues es quien corre con el riesgo de ser caricaturizado al extremo.

La división de las bancadas en el legislativo ha permitido precisamente que este año las planchas de candidatos sean más plurales

El Gobierno ya intentó acabar con la situación política que tensiona a las dos alas del MAS, que no es otra que la candidatura de Evo Morales, pero no lo logró. Las estrategias jurídicas diseñadas por el exministro Iván Lima, que incluyó la prórroga de los Magistrados aplazando con chicanas la elección de sus sustitutos, le causaron un enorme desgaste en la credibilidad de Luis Arce, porque además, todas han salido mal: La sentencia 1010 que incluye un comentario sobre la reelección discontinua no tiene base; el referéndum para ratificar la tesis del gobierno de que Morales no puede ser candidato fue desbaratado e incluso la última arremetida con el escándalo sexual, que convenientemente guardaron en el cajón por cuatro años, tampoco ha logrado el objetivo mínimo para tamaño desafío que era aprehenderlo.

Es curioso que hayan sido esos mismos jueces autoprorrogados que le costaron tanto a la imagen del Gobierno los que una vez convocada la elección para sustituirlos empezaron a dictar en sentido contrario. En realidad no es sorpresivo: son los mismos jueces que avalaron con su silencio la candidatura de Evo por encima del referéndum determinada por sus antecesores, los que después avalaron la transición de mando hacia Jeanine Áñez y los que después dijeron que nunca lo hicieron.

Por estos motivos es importante llevar adelante una elección judicial limpia que legitime a los candidatos, que sumen un volumen de votos relevante que les respalde, a diferencia de las dos últimas elecciones, donde el voto castigo – nulo y blanco – fue extraordinariamente superior a cualquier otro.

La división de las bancadas en el legislativo ha permitido precisamente que este año las planchas de candidatos sean más plurales que nunca, y así se está viendo en el inicio de estas “campañas”, con todas sus restricciones, en las que no se puede pedir el voto, pero en el que diferentes autoridades a través de sus medios o funcionarios están promoviendo a unos sobre otros.

Es importante ir a votar con el convencimiento de que se pueden cambiar las cosas, y después mantener ese mismo convencimiento para que los Magistrados electos se conviertan de verdad en palanca de cambio y no entren en el mismo espiral de oscurantismos y dependencias que tanto daño le ha hecho a este país.

Nuestra democracia hace tiempo que está secuestrada por la vía judicial, que es quien ha autorizado esperpentos intolerables que solo nos han dañado como sociedad. Recuperar la institucionalidad es clave. Cuidemos esta elección porque es la primera piedra de la reconstrucción.