El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la solicitud de medidas cautelares presentada por los vocales electorales, las mismas que estaban destinadas a precautelar el trabajo de autoridades del Órgano Electoral.

Ante la negativa del organismo internacional, el vocal expresó su preocupación por la falta de garantías para el cumplimiento de sus funciones. «Es un balde de agua fría, estamos compungidos porque nos rechazaron en la CIDH», afirmó a Unitel.

Tahuichi explicó que la solicitud a la CIDH tenía la intención de brindar protección a los vocales del TSE, quienes enfrentan un ambiente de «inseguridad jurídica» debido a presiones políticas, especialmente del ala evista del MAS.

«Estamos en una total inseguridad jurídica, no hay garantías para nuestras labores. Esto nace en 2010, porque no se incluyó a los vocales en la Ley 044, que otorga fuero especial para el ejercicio de sus funciones a altas autoridades del Estado», añadió Quispe, en alusión a la normativa que protege a ciertas autoridades de ser juzgadas por la vía ordinaria y que no contempla a los vocales electorales.

Quispe también enfatizó la urgencia de que el Estado proporcione seguridad jurídica a los vocales. «Ante este rechazo, vamos a seguir intentando y tramitando medidas cautelares ante esta instancia en los siguientes días, pero debería ser el Estado boliviano quien nos otorgue seguridad jurídica», indicó el vocal.

Explicó que el 15 de mayo, el TSE presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se incluya a los vocales en la Ley 044, de juicio de responsabilidades, pero hasta la fecha no recibieron respuesta alguna. «Pedimos que la Asamblea pueda aprobar la incorporación de los vocales a la Ley 044 de Bolivia», instó Quispe.

La negativa de la CIDH, que considera que no existen motivos suficientes para otorgar la protección solicitada, deja a los vocales en una situación de vulnerabilidad mientras avanzan hacia las elecciones judiciales. Para el vocal, el organismo determinó que las circunstancias actuales no cumplen con el criterio de «grave y urgente» que se requiere para conceder medidas cautelares, las cuales están diseñadas para proteger a personas en riesgo de sufrir daños irreparables. (Brújula Digital)

Ante la negativa del organismo internacional, el vocal expresó su preocupación por la falta de garantías para el cumplimiento de sus funciones. «Es un balde de agua fría, estamos compungidos porque nos rechazaron en la CIDH», afirmó a Unitel.

Tahuichi explicó que la solicitud a la CIDH tenía la intención de brindar protección a los vocales del TSE, quienes enfrentan un ambiente de «inseguridad jurídica» debido a presiones políticas, especialmente del ala evista del MAS.

«Estamos en una total inseguridad jurídica, no hay garantías para nuestras labores. Esto nace en 2010, porque no se incluyó a los vocales en la Ley 044, que otorga fuero especial para el ejercicio de sus funciones a altas autoridades del Estado», añadió Quispe, en alusión a la normativa que protege a ciertas autoridades de ser juzgadas por la vía ordinaria y que no contempla a los vocales electorales.

Quispe también enfatizó la urgencia de que el Estado proporcione seguridad jurídica a los vocales. «Ante este rechazo, vamos a seguir intentando y tramitando medidas cautelares ante esta instancia en los siguientes días, pero debería ser el Estado boliviano quien nos otorgue seguridad jurídica», indicó el vocal.

Explicó que el 15 de mayo, el TSE presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se incluya a los vocales en la Ley 044, de juicio de responsabilidades, pero hasta la fecha no recibieron respuesta alguna. «Pedimos que la Asamblea pueda aprobar la incorporación de los vocales a la Ley 044 de Bolivia», instó Quispe.

La negativa de la CIDH, que considera que no existen motivos suficientes para otorgar la protección solicitada, deja a los vocales en una situación de vulnerabilidad mientras avanzan hacia las elecciones judiciales. Para el vocal, el organismo determinó que las circunstancias actuales no cumplen con el criterio de «grave y urgente» que se requiere para conceder medidas cautelares, las cuales están diseñadas para proteger a personas en riesgo de sufrir daños irreparables. (Brújula Digital)