El Tribunal Supremo Electoral (TSE) que administra el proceso de las elecciones judiciales atraviesa un campo minado de obstáculos que amenazan con paralizar los comicios en cualquier momento. Por un lado, está el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que puede rechazar o dar curso a los amparos que piden suspender los comicios. Y, por otro lado, están los bloqueos evistas contra el Gobierno y el conflicto creciente que mantiene aislado al departamento de Cochabamba desde hace tres semanas.

En este escenario, a los vocales del TSE los alarma un antecedente ‘nefasto’ que pusieron los magistrados del TCP, que dieron curso a un amparo que obliga al TSE a “indemnizar” al actual funcionario de la Cancillería, Diego Pary por haberlo inhabilitado en 2020 como candidato a senador por el departamento de Potosí, cuando él incumplió los requisitos de inscripción y presentó su domicilio electoral y su residencia en la  ciudad de La Paz.

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Este hecho fue calificado por los vocales del TSE como una abierta “injerencia” de los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional al Órgano Electoral, que se convierten en una especie de “administradores de la justicia electoral” con el poder de decidir la suerte de todos los procesos electorales a futuro, incluso de las elecciones generales.

El otro flanco que enfrenta el TSE está en los bloqueos de campesinos afines a Evo Morales, cuyas acciones no permiten que el TSE pueda cumplir las tareas programadas en el Calendario Electoral, por ejemplo, el sorteo de jurados electorales que debió realizarse el 1 de noviembre.

Es por eso que se reprogramó la jornada de votación para el 15 de diciembre. No obstante, la nueva fecha está sujeta a la resolución de los conflictos.

“La reprogramación es por el grado de conflictividad y por otro lado persiste que este proceso electoral esté en vilo por lo que determine el Tribunal Constitucional”, indicó a EL DEBER el vocal Tahuichi Tahuichi.

Un ‘trascendido’ peligroso

Desde el ente colegiado, al menos tres de los siete vocales lanzaron la alerta del riesgo que corre la realización de las elecciones judiciales, porque los magistrados prorrogados del TCP, en cualquier momento pueden dar curso al amparo del postulante inhabilitado Hugo Vargas Palenque, que pide declarar desierta la convocatoria para el TSJ y el TCP, y con ello, paralizar las judiciales.

Y este amparo, solo es uno de los 46 recursos presentados desde el inicio del proceso que empezó en la Asamblea Legislativa y que tiene que resolver el TCP, indicó a EL DEBER el vocal Tahuichi Tahuichi.

La autoridad electoral señaló que “el proceso de las elecciones judiciales está en vilo”, porque conocen un “trascendido” de que los magistrados prorrogados emitirían una resolución paralizando todo el proceso. A ese hecho se suma, la reciente resolución del TCP que beneficia a Diego Pary que fue inhabilitado como candidato. Este hecho, para el TSE es un antecedente nefasto y un adelanto de la posible intención del TCP de paralizar las elecciones judiciales.

“Imagínese el grado de intromisión, el grado de injerencia. Quiero denunciar al mundo entero: en  Bolivia, el Tribunal Constitucional comete injerencia en el Órgano Electoral. Resulta que ahora el TCP está haciendo el rol de administrador de justicia electoral, con ese antecedente, todo se puede esperar de este Tribunal Constitucional prorrogado. Por eso levantamos la voz ante Bolivia y el mundo de que existe un trascendido de que este Tribunal Constitucional pretendería estos días paralizar el proceso electoral judicial”, alertó Tahuichi.

Para el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, mientras el TCP no se pronuncie, existe un alto riesgo de que este proceso electoral no cumpla su curso. “Pedimos que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse de manera rápida, con la mayor celeridad de acuerdo a lo que se han comprometido”.

En ese marco, el TSE solicitó de forma escrita al TCP, que acumule en un solo proceso todos los casos que se refieren a las elecciones judiciales.

Son 47 recursos en el TCP

Desde el Gobierno de Luis Arce, el ministro de Justicia, César Siles, indicó que se han presentado 47 recursos judiciales contra las elecciones, desde amparos constitucionales hasta acciones populares, y apuntó al expresidente Evo Morales y a sus allegados de pretender paralizar las elecciones.

Daño económico

En caso de que el TCP resuelva la paralización de las judiciales a menos de un mes de la fecha que el TSE fijó en un principio, se puede generar un daño económico al Estado de grandes dimensiones, puesto que se gastó más del 70% del presupuesto designado para este proceso electoral.

“Hasta el momento hemos erogado ya más de 150 millones de bolivianos, porque ya estamos con la difusión de méritos de los candidatos, estamos imprimiendo más de 16 millones de papeletas. Vamos a contratar a notarios electorales y vamos a hacer el sorteo de jurados electorales. Es decir, estamos con toda la maquinaria y que el TCP paralice el proceso sería un grave daño económico al Estado”, afirmó Tahuichi.

Para la realización de las elecciones judiciales el Estado destinó al TSE 183 millones de bolivianos, es decir, que solo quedan 30 millones de bolivianos más para la fase final del proceso ya que hasta la fecha se gastaron 150 millones.

¿En riesgo las generales?

Si los magistrados prorrogados del TCP suspenden las elecciones judiciales, aparte del daño económico al Estado por caso 200 millones de bolivianos, también se dejará un precedente que puede poner en riesgo las elecciones generales programadas para agosto de 2025.

“Estaría en enorme riesgo el proceso electoral 2025 porque si el TCP viola el principio de preclusión significaría que al año en pleno proceso de elecciones judiciales y estemos en la fase final del cómputo, cualquier ciudadano puede presentar un amparo ante una sala constitucional y determinar que se paralice el cómputo y todo el proceso”, alertó Tahuichi.

Los procesos electorales en Bolivia se realizan bajo el principio de preclusión establecido en la Ley 026 de Régimen Electoral. Este principio señala que no se puede retrotraer ninguna actividad del proceso electoral que ya se cumplió. Si el TCP paraliza las judiciales lo haría vulnerando ese principio de preclusión, señalan desde el TSE.

Nueva fecha

Otro factor que perjudica que el proceso de las judiciales se realice de forma regular, es el escenario de conflictos e inestabilidad social ocasionado por los grupos radicales del MAS, o evistas que hace tres semanas cercaron Cochabamba con bloqueos. Es por eso que el TSE definió reprogramar la jornada electoral por dos semanas.

Es decir, que las elecciones del 1 de diciembre se realizarán el 15 de diciembre, además que todas las actividades programadas en el calendario electoral también se recorren dos semanas, a la espera de que en ese lapso, vuelva la normalidad al país.

Entre las tareas pendientes del calendario electoral está el sorteo de jurados electorales y la contratación de notarios para que éstos capaciten a los jurados. Ambas tareas deben realizarse de forma simultánea en todo el país.

Si el TCP define dar curso al último amparo contra las judiciales e instruye que se declare desierta la convocatoria, el proceso se paralizará y los magistrados del Órgano Judicial y del TCP mantendrán su prórroga otro año.