Otra demora. Las elecciones judiciales, fijadas para el 1 de diciembre tras sortear acciones legales y decisiones políticas, ahora cambia de fecha. La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció anoche la decisión de postergarlas hasta el 15 de diciembre. ¿El motivo? Los conflictos sociales originados en la disputa por el control del MAS.

El Órgano colegiado justificó esta determinación debido a la “conflictividad social” que vive el país. De hecho, el país amaneció hoy con cerca de 20 cortes de ruta, especialmente en Cochabamba, protagonizados por ciudadanos que siguen al expresidente Evo Morales, quien enfrenta al gobierno del MAS que dirige Luis Arce. Eso sí, el exmandatario también enfrenta una denuncia por abusar a una adolescente hace ocho años. 

El TSE, que no se refirió a estos detalles la “conflictividad social” que vive el país, presentó el diferimiento electoral tras una evaluación realizadas por los vocales en el marco de la sala plena que llevaron adelante ayer por la noche.

El comunicado de la institución electoral señala que se hizo una evaluación del cumplimiento del calendario electoral y las actividades en curso, así como la cantidad de bloqueos que impiden el desplazamiento de funcionarios del ente electoral y de la logística.

De acuerdo con el TSE, la “conflictividad social conocida por la opinión pública incide de manera determinante en el desarrollo normal de las actividades programadas en el calendario electoral”, por ejemplo, el acto de sorteo de jurados electorales, designación de notarios electorales, notificación y capacitación de jurados electorales, entre otros. “Confiamos que a través del diálogo y la concertación los problemas sociales sean resueltos en el plazo más breve posible”, añade el TSE.

El calendario electoral había previsto el sorteo de jurados electorales este viernes y, en es contexto, la publicación de los nombres de aquello ciudadanos designados para el verificativo que ahora se vuelve a postergar.

Las próximas elecciones de alcance nación habían sido convocada para elegir a 23 altas autoridades del Órgano Judicial, pero con un año de demora debido a que el mandato de las autoridades que aún permanecen en sus cargos venció a fines de 2023.

Los magistrados del Tribunal Constitucional optaron por prorrogarse en sus cargas de manera indefinida o hasta que las nuevas autoridades sean elegidas a través del voto popular y universal.