Esta mesa marcó un punto de inflexión pues develó que dentro del país se violaban sistemáticamente los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, en especial para promover actividades extractivistas o grandes obras como la entonces proyectada carretera por el medio del TIPNIS.

El otro gran mensaje de la mesa rebelde fue que no podíamos exigirle al mundo “capitalista-desarrollado” algo que no se hacia dentro de casa. Muchos de los entusiastas invitados internacionales no le prestaron atención a este mensaje sobre el doble rasero del Gobierno boliviano en materia de derechos humanos y de la naturaleza.

Hacia fuera, en especial en las cumbres mundiales, Evo se muestra como incansable luchador contra el capitalismo, las transnacionales y las causas de la destrucción de la Pachamama, mientras que, de puertas hacia dentro, implementa políticas ecocidas y etnocidas.

Sobre el TIPNIS y su gente se han ensayado la más feroces estrategias de destrucción de la naturaleza, los territorios indígenas y la conculcación de derechos de este nuevo siglo. El “cerco de Chaparina” ha dejado de ser sólo un recuerdo de esa inédita represión, para ser el emblema de una política de acorralamiento de los territorios más megadiversos del país.

Cada uno está cercado por las mismas presiones que el TIPNIS. Por eso mismo, sobre este territorio y su aguerrida lucha, se ha alzado un vital movimiento ambiental y de defensa de derechos de alcance nacional con grandes desafíos en el plano interno relacionados con la articulación de la defensa de territorios específicos agredidos por múltiples políticas y actores extractivistas, así como la construcción de una agenda ambiental y de derechos nacional posdesarrollista que genere alternativas de vida y de Estado.

Los desafíos externos están relacionados con la eficacia para comunicar tanto a instituciones internacionales oficiales, como a las de la sociedad civil éticas, la situación de grave riesgo y amenaza sobre los territorios y quienes los defienden, tomando en cuenta la estrategia publicitaria del Gobierno boliviano que le ha permitido minimizar y reducir las criticas externas a sus políticas y acciones atentatorias a los derechos y el ambiente.

El punto de partida: crítica de la crítica realidad ambiental

El Gobierno boliviano fue efectivo en su trabajo publicitario internacional. Ha promovido en la ONU el derecho humano al agua y recibido muchos elogios externos por eso, a pesar que cinco de las nueve capitales del país sufren crisis de escasez o pésima calidad en el acceso al agua para consumo humano.

O que más de la mitad de los cuerpos de agua del país estén amenazados por la contaminación minera , al extremo que uno de los principales embalses de agua que abastece a la sede de Gobierno presente elevadas concentraciones de metales pesados. Logró este éxito mediante el despliegue de millonarias estrategias publicitarias que incluían la realización de cumbres mundiales de la madre tierra.

Con el Gobierno boliviano ocurre lo que Mark Fisher denomina el “estalinismo de mercado”, o la primacía de los símbolos del desempeño sobre el desempeño real. Las cumbres y discursos externos promocionaron imágenes publicitarias de apego a diversas causas loables como la defensa de la naturaleza o los derechos humanos, en especial indígenas, sin que sobre cada una de ellas pueda dar cuenta de avances concretos. Es más, si se hace el examen riguroso, lo que se encuentran son marcados retrocesos, como los que apuntaré a continuación.

Desde que iniciaron su gestión en 2006 lo hicieron cerrando el ministerio de desarrollo sostenible y medio ambiente. Ese mismo año firmaron la ley de promoción de biocombustibles Nº 3546. En 2010 aprobaron la Ley Nº 144, denominada “Revolución productiva”, norma legaliza los transgénicos y reduce aranceles para agroquímicos y maquinaria agrícola, lo que disparó el uso y contaminación por éstos y es directamente responsable de promover mayor deforestación.

En 2012, apenas concluido el conflicto del TIPNIS, promulgaron la Ley Nº 222 de consulta previa que, como analiza Pablo Villegas, tuvo gran repercusión porque muchas áreas protegidas son la vez territorios indígenas. En 2013, mediante Ley Nacional No 337, se perdonaron 10 años de desmontes ilegales en las tierras bajas de Bolivia.

La ley fue concertada con el sector soyero y resultó en un estímulo a la ampliación de la frontera agropecuaria que avanza sobre las últimas reservas forestales de Santa Cruz. La Ley Nº 535 de minería, promulgada en 2014, permitió la ampliación de actividades mineras irrestrictamente sobre glaciares, los más amenazados por el cambio climático, cabeceras de cuenca, lagos, ríos y vertientes, no es extraño que actualmente todos ellos tengan encima derechos mineros. Esta medida invalida los artículos 16.1, 20.I y III y 373.I y II de la Constitución que declaran al agua como recurso fundamentalísimo para la vida y su acceso un derecho humano primordial. Bajo la ley minera, el agua es parte del derecho extractivo.

En 2015 promulgaron una serie de decretos petroleros para transformar las áreas protegidas en áreas petroleras. Por esa razón el parque nacional Iñao tiene 90% de su superficie sobrepuesta a áreas hidrocarburíferas, El Pilón Lajas 85%, Aguagagüe 72%, Tariquia 55%, entre otros. Esta medida fue un golpe mortal al sistema nacional de áreas protegidas.

Las categorías de protección de las áreas de conservación medioambiental han dejado de tener sentido práctico, mediante recategorizaciones y planes de gestión se permite la realización de actividades que modifican radicalmente su objeto de creación. Por ello, no sólo están siendo presionadas por derechos petroleros, sino también son objeto de la invasión de cooperativas mineras, como las que recientemente han pedido que el Madidi (el lugar más megadiverso del mundo) deje de ser área protegida.

Es decir, las áreas más y mejor conservadas del país son actualmente áreas en peligro de extinción. Las grandes obras que se imponen sobre ellas no cuentan con Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental públicos o rigurosos y las licencias obtenidas de las poblaciones locales se basan en el canje de obras de infraestructura menor por contaminación.

Podríamos seguir citando, una a una, las normas y medidas de flexibilización ambiental. Lo difícil es encontrar una materia ambiental en la que hayan habido avances o al menos no se hubiesen dado retrocesos. Es contra cada uno de estos que han gestando diversas resistencias y se fue organizando el nuevo movimiento ambiental. En principio con una característica reactiva ante cada medida gubernamental, pero, seguidamente, con acciones basadas en lecturas más amplias, articuladas y estratégicas de los trasfondos económicos y políticos.

El TIPNIS: la gran partera del nuevo movimiento ambiental boliviano

A lo largo de varios meses entre 2016 y 2017, Cecilia Beltrán y mi persona, entrevistamos a los/as portavoces de varios movimientos ambientales bolivianos . Uno de los hallazgos más importantes fue que en su mayoría se gestaron en la solidaridad con el TIPNIS durante la marcha de 2011; son de muy reciente data. De allí que una primera constatación sea que la lucha en defensa del TIPNIS fue la partera de un nuevo movimiento ambiental boliviano. Que este nuevo movimiento se propone defender “los TIPNIS”, en algunos casos los últimos territorios y ambientes no degradados, las especies amenazadas, mejorar la calidad ambiental y promover estilos de vida más sostenibles.

En este nuevo entramado convergen colectividades indígenas fragmentadas, con baja o ninguna organicidad, ya que sus entidades meso y nacionales fueron capturadas por el Gobierno y dejaron de representarlas.

El esfuerzo más notable de articulación es la Coordinadora de Territorios Indígenas que agrupa a una veintena de territorios cuyo principal problema es que les fueron impuestos distintos proyectos y actividades extractivistas. Es la Coordinadora la que ha promovido la gira nacional de la delegación del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. No se trata de una nueva organización, sino más bien de una plataforma puntual (y probablemente efímera) para encarar resistencias específicas en distintos territorios.

Una de las características de este nuevo movimiento es su notable presencia urbana. En varias ciudades, en especial Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, se han gestado colectivos que de un modo amplio persiguen construir alternativas de vida urbana.

En el país existen grandes problemas ambientales asociados al crecimiento caótico de las ciudades, estimulados reciente y directamente por la Ley 247 de 2012, denominada de regularización del derecho propietario, pero que en los hechos permite la ampliación sin planificación de manchas urbanas, con crecimientos, en algunos casos, de más de 300%.

Estos colectivos constituyen ejercicios de ciudadanía, participación y control social ambiental sin precedentes. Debido a su carácter, movilizan a miles de seguidores en redes sociales y generan enormes corrientes de presión pública en torno a obras y políticas locales y nacionales.

Sus estructuras son horizontales y difusas, sus miembros son activistas especialistas en muchos campos ambientales, abogados, arquitectos, sociólogos publicistas o sencillamente ciudadanos de a pie amantes de la naturaleza. Insisten en la necesidad de evitar la cooptación político-partidaria y los liderazgos convencionales.

Empiezan a asumirse como defensores ambientales, especialmente después de intentos de criminalización: el más emblemático es el caso de activistas del colectivo árbol en Santa Cruz, que mantiene canales de comunicación con diversidad de grupos y se ha tornado en una plataforma que visibiliza causas no sólo urbanas o ambientales, sino también de defensa de la democracia.

Los colectivos ecofeministas representan el liderazgo de las mujeres, especialmente jóvenes, en la defensa ambiental. Además de haber sido muy activas en la solidaridad material con la marcha indígena del TIPNIS, han constituido espacios de deliberación sobre las discriminaciones de género y el ecologismo.

Combinan el activismo, las manifestaciones artísticas, con la movilización y la generación de espacios de reflexión con mujeres de distintos sectores. Un hecho muy significativo es que las principales resistencias ambientales y antiextractivistas del país son lideradas por mujeres, por lo que podemos hablar de una feminización de estas resistencias.

Debido a eso se han generado algunos espacios de convergencia como fue la articulación de mujeres indígenas de tierras altas y bajas y de estas con grupos urbanos de mujeres ecofeministas. Son muy activas en la denuncia y sensibilización de los problemas de los extractivismos, en las zonas mineras son casi las únicas que le hacen frente.

Finalmente, existe un reducido pero muy eficaz grupo de ONG que se relacionan en términos solidarios y fraternos con los demás movimientos y colectivos. Su capacidad para generar información independiente (bien muy escaso en el sector), influir en la opinión pública y aportar a la construcción de agendas alternativas es notable. Están promoviendo el entendimiento de la confrontación entre los extractivismos y los derechos humanos y de la naturaleza, apoyando a crear capacidades en la propia sociedad civil para el diagnostico y la construcción de alternativas. Son objeto de señalamientos, de hostigamiento y hasta de represión. La más emblemática en ese sentido es el CEDIB.

Al lado de este nuevo movimiento ambiental, se destaca la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, como un referente ético indispensable que además de asimilarse al movimiento por los derechos de la naturaleza, está contribuyendo notablemente a la defensa de los defensores de estos derechos.

Se debe anotar también a diversas personalidades del mundo artístico como el reconocido Luis Rico y mujeres intelectuales sensibles a las causas sociales, ambientales y a la defensa de la democracia.

Varios medios y periodistas independientes ambientalistas y proderechos, están permitiendo que este movimiento amplifique su voz y que la agenda pública preste más atención a los asuntos ambientales.

Este movimiento tiene grandes desafíos. Mantener las resistencias (que incluye defenderse de ataques permanentes de los poderes empresariales y políticos) promoviendo, a la vez, alternativas al desarrollo.

En esa tarea es imprescindible promover el ejercicio de derechos humanos, empezando por las libertades fundamentales, hasta los derechos laborales, en nombre de los que se promueven actividades altamente contaminantes como la minería.

También es imprescindible avanzar en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. El observatorio de derechos de la naturaleza recientemente lanzado en Bolivia es una herramienta de primer orden (http://naturerightswatch.com). Otros desafíos tienen que ver con la articulación y la coordinación nacionales e internacionales.

Los delegados del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza han tenido oportunidad de dialogar con todos. El Gobierno dirá que no es importante, que son ONG o que están manejados por éstas. Sin embargo, ante su arrogancia se alza un entramado ciudadano que está construyendo un nuevo tipo de relaciones entre el Estado y la sociedad civil.Que no espera recibir recompensas ni prebendas y que está dispuesta a ejercer sus derechos, en especial el de fiscalizar al poder en la perspectiva del bien común, de cuidar la casa grande. Estamos ante un vital movimiento que, como en otros países de la región, va a ser determinante en las transiciones que están en marcha.