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Medio: El Deber
Fecha de la publicación: viernes 25 de octubre de 2024
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Democracia representativa
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La piedra angular de toda democracia moderna descansa sobre un
principio fundamental: la igualdad ante la ley. Este precepto, consagrado en el
artículo 14 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se
ha convertido en letra muerta bajo el actual gobierno, donde la persecución
judicial selectiva se ha transformado en una herramienta sistemática de control
político y social.
El
régimen actual ha perfeccionado un sistema de justicia a dos velocidades: una
implacable y expedita para opositores y disidentes, y otra indulgente y
letárgica para los afines al oficialismo.
Esta
realidad se materializa en los más de 180 exautoridades y líderes opositores
que enfrentan procesos judiciales, mientras que denuncias graves contra altos
funcionarios y exfuncionarios del partido de gobierno se archivan sin mayor
investigación.
El caso más escandaloso y reciente que ejemplifica esta justicia selectiva es
la inacción ante las graves denuncias contra el expresidente Evo Morales sobre
presuntos delitos contra menores de edad. Mientras estas acusaciones,
respaldadas por documentación y testimonios, permanecen sin investigación seria
por parte de la Fiscalía, otros casos de menor gravedad contra opositores
avanzan con inusitada rapidez. Esta diferencia en el tratamiento judicial no
solo viola principios constitucionales básicos sino que también revela la
profunda crisis moral del sistema.
Los
casos emblemáticos de esta doble vara abundan. El escándalo de corrupción en
YPFB, que involucra contratos sobrevalorados y negociaciones irregulares por
millones de dólares, permanece sin investigación seria. El caso del Fondo
Indígena, donde desaparecieron millones de bolivianos en proyectos fantasma,
sigue sin alcanzar a los principales responsables políticos. Mientras tanto,
alcaldes y gobernadores opositores enfrentan procesos exprés por supuestas
irregularidades administrativas menores.
El actual gobierno ha cooptado
sistemáticamente el sistema judicial, convirtiendo a jueces y fiscales en
operadores políticos. Las designaciones de magistrados interinos, que debían
ser temporales, se han perpetuado estratégicamente para mantener el control
sobre el Órgano Judicial. La independencia judicial, pilar fundamental de
cualquier democracia, ha sido completamente erosionada.
La
situación actual recuerda peligrosamente a las prácticas de regímenes
autoritarios donde la justicia se convierte en un brazo ejecutor del poder
político. Las consecuencias son devastadoras: inversión paralizada por
inseguridad jurídica, emigración de profesionales y empresarios, y un clima
general de temor donde la crítica al poder se castiga con el peso selectivo de
la ley.
El contraste con democracias funcionales es alarmante. Mientras países como
Uruguay y Costa Rica fortalecen su institucionalidad con sistemas judiciales
verdaderamente independientes, Bolivia retrocede hacia un modelo en el que la
justicia responde a consignas políticas. Las decisiones del gobierno de ignorar
fallos judiciales que no le favorecen demuestra su desprecio por el Estado de Derecho.
La
recuperación de la igualdad ante la ley requiere más que reformas cosméticas.
Es necesaria una refundación total del sistema judicial, que garantice su
independencia real del poder político. Los bolivianos debemos exigir el fin de
la justicia selectiva y la persecución judicial como herramienta política.
No
puede ser posible que mientras algún ciudadano sea procesado y encarcelado por
X Delito, otro(s) estén libres, impunes y no se aplique la Ley de forma
igualitaria. Cualquier trato desigual ante la Ley es ya preocupante y eso se ve
en Bolivia de forma cotidiana.
Por
tanto, el momento actual es crítico: o recuperamos la esencia del Estado de
Derecho, donde la ley sea verdaderamente igual para todos, o nos resignamos a
vivir en un régimen donde la justicia seguirá siendo un instrumento de
persecución política. No podemos permitir que algunos estén por encima de la
ley mientras otros son perseguidos implacablemente. La democracia boliviana
está en juego, y el silencio nos hace cómplices de su deterioro.