Amparado en el principio de preclusión, el ministro de Justicia, César Siles, aseguró ayer miércoles que ninguna autoridad puede suspender la celebración de las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre.

“El principio de preclusión establece que cualquier proceso electoral, incluyendo el proceso de elección de máximas autoridades del Órgano Judicial, no puede suspender ninguna autoridad”, afirmó en una entrevista con radio Erbol.

De acuerdo con Siles, los últimos amparos presentados en contra de las elecciones judiciales son extemporáneos, porque corresponden a la etapa de preselección de candidatos que ya fue superada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Uno de los últimos amparos resueltos fue el presentado por el excandidato Hugo Vargas en la Sala Constitucional de Beni.
Vargas objetó su inhabilitación como postulante a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia por Beni, por lo que exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) devuelva las listas de candidatos seleccionados a la Asamblea Legislativa.

Al conceder la tutela a Vargas, la sala declaró desierta las convocatorias para la preselección de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional, poniendo en duda la celebración de las elecciones.

No obstante, el 17 de octubre, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso continuar con las elecciones de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) del 1 de diciembre, en respuesta a una acción de cumplimiento presentada por el dirigente intercultural Esteban Alavi.

Sobre la decisión de la Sala Constitucional de Beni, Siles indicó que los vocales cometieron prevaricato porque actuaron “ultra petita, es decir le piden una cosa y hace otra, dejando en suspenso las elecciones, además, en la audiencia no participa la instancia que, según el accionante, genera la vulneración del derecho, que es la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa”.

Para evitar acciones similares en el futuro y nuevas complicaciones por la jurisprudencia, el ministro sugirió modificar la normativa, pero también reflexionar sobre el uso que se da a los amparos. “No deben presentarse para cualquier caso, solo para casos especiales”, justificó.

No obstante, aún resta que el TCP revise los fallos sobre al menos 47 recursos legales presentadas en contra de las elecciones judiciales.

Siles afirmó que el TCP debe actuar de “forma responsable y con celeridad para dar certidumbre, despejando dudas de la realización” de las elecciones judiciales, la tercera en la historia del país.

Advirtió, además, que “cualquier intento de paralización de procesos eleccionarios, como el que está en curso, implica la vulneración de derechos colectivos de bolivianas y bolivianos que quebrantando el estado de derecho”.

El 1 de diciembre, los bolivianos elegirán a 9 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, a 9 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a 5 magistrados del Tribunal Agroambiental y a 3 consejeros del Consejo de la Magistratura.