Este 2024 se cumple un lustro de uno de los momentos más frágiles de la democracia boliviana, con el fraude perpetrado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales de 2019, que terminaron anuladas y se repitieron en 2020, después de la última crisis política que conllevo conflictos y violencia en el país, en medio de una pandemia sin precedentes.

La protesta postelectoral comenzó la misma noche de los comicios, el domingo 19 de octubre de 2019, pero llegó a su clímax en la jornada siguiente y en varias ciudades. Todo comenzó a partir de la paralización del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y luego de que el MAS se declarara ganador de las elecciones, pese a las denuncias de irregularidades.

Los movilizados a la cabeza de plataformas ciudadanas y partidos políticos como Comunidad Ciudadana, que se declaró víctima de fraude, tomaron las calles en protestas que se degeneraron en la toma y quema de edificios del Tribunal Electoral.

La paralización del TREP y las irregularidades denunciadas, que luego fueron confirmadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), exacerbaron los ánimos de la gente que, al grito de “fraude”, desataron su furia contra los tribunales electorales departamentales.

Uno de los primeros edificios atacados fue el del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, en la calle La Paz de Sucre, luego de que se paralizara el cómputo oficial.

Cuando se revisaban las actas y todavía llegaba el material electoral de las provincias, se detuvo el conteo y la protesta realizada en calles adyacentes se convirtió en una turba que ingresó y quemó el edificio. Autoridades del TED, funcionarios e incluso candidatos que seguían el conteo tuvieron que escapar de la gente enardecida.

En el interior del edificio se quemó todo, hasta los vehículos que se utilizaron para recoger el material electoral y que estaban en el estacionamiento del edificio.

Una situación similar se vivió en Potosí, donde cívicos llegaron a ingresar a protestar contra las irregularidades, un hecho que sirvió a la justicia para procesar hasta la actualidad al presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari.

Tras largas horas de gasificación por parte de la Policía y la presión de los manifestantes, los uniformados se replegaron del TED potosino, por lo que se pudo romper el cerco policial, lo cual dio paso a que la gente se lance hacia las puertas del edificio.

Previamente, los policías lograron sacar al personal de la institución y cuando el edificio estaba en llamas, dos personas saltaron del último piso del edificio, resultando gravemente heridos.

El ataque se replicó en Tarija, donde el edificio del TED, en la calle Ingavi, resultó severamente afectado por una turba, y en Santa Cruz, que ya había vivido una situación similar con la quema de su tribunal electoral, en diciembre de 2018.

En Cochabamba, no hubo ataques al TED, pero los manifestantes lograron sobrepasar la fuerza policial e ingresaron al campo ferial, aunque no hasta el lugar donde se realizaba el centro de cómputo.

Las sedes del MAS también fueron atacadas. Sucedió en Sucre, en la calle San Alberto y en el barrio Petrolero. Asimismo, en Oruro quemaron una sede.

En otros departamentos como Pando y Beni, se registraron movilizaciones y conflictos con la Policía. Los ciudadanos en Riberalta intentaron hacer caer una estatua que fue inaugurada por el presidente Evo Morales en honor al difunto Hugo Chávez.

En La Paz, donde funciona el Tribunal Supremo Electoral, los manifestantes intentaron ingresar al hotel Real Plaza, donde se realizaba el cómputo nacional, pero los policías evitaron que esto se concretara.

Por la quema de los tribunales electorales, se emprendieron procesos penales que incluso llegaron a sentencias, pero ninguna acción judicial prosperó en contra de los autores del fraude electoral, que si bien se investigó durante la gestión de Jeanine Áñez y se aprehendió a vocales nacionales y departamentales, todos quedaron libres e incluso con cargos nuevamente en los tribunales. Asimismo, ningún candidato ni dirigente del MAS está hoy castigado por el fraude electoral que ensombreció la historia democrática del país.