El Gobierno se enfrenta al reloj. Tras las observaciones hechas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a las cuatro preguntas planteadas inicialmente por el presidente Luis Arce para aplicar en el referendo, finalmente el Ejecutivo decidió descartar la cuarta interrogante, esa que hacía referencia a la distribución de escaños. Las otras tres, que también fueron blanco de observaciones, serán corregidas y enviadas a las oficinas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en el transcurso de la semana.

Así lo confirmó ayer el ministro de Justicia, Iván Lima, quien en nota con El Deber Radio le exigió al TCP que achique sus plazos y se dé a la tarea de analizar las tres preguntas en el menor tiempo posible.

“De acuerdo con el procedimiento, corresponde que remitamos las mismas, con los ajustes sugeridos, al Tribunal Constitucional, instancia que legalmente tiene 15 días para definir. Si toma los 15 días, no llegaríamos al plazo máximo que tenemos, que es el 31 de agosto, por lo cual exhortamos públicamente al Tribunal Constitucional que pueda tomar un plazo menor y tener una respuesta de ellos, la próxima semana”, instó Lima.

Claramente, la urgencia del Gobierno es llegar a tiempo con todos los trámites efectuados para consolidar el referendo consultivo, considerando que el 1 de septiembre, es decir, en apenas siete días, debe ser emitida la convocatoria oficial para el desarrollo del proceso electoral. En caso de que ello no suceda, las chances de que se realice el referendo este año serán mínimas, casi nulas. Así, al menos, lo han explicado los vocales del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe y Gustavo Ávila.

Estos plazos deben darse (hay 90 días, en total) ya que el presidente Arce ha planteado que el referendo se lleve a cabo el 1 de diciembre, el mismo día en que se efectuarán las Elecciones Judiciales.

Hay que recordar que el Órgano Electoral ha puesto la lupa sobre las interrogantes del proceso planteado puesto que la primera solo cumple con el criterio de imparcialidad, pero no con el de claridad ni el de precisión. La 2 y la 3 no se apegan a los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, por lo que el TSE exigió una nueva redacción.

La 4, según el TSE, “no correspondía a la realización de un referendo por iniciativa presidencial, sino un referéndum constitucional aprobatorio convocado, por iniciativa popular o a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). De ahí que el Gobierno resolviera quitarla de la consulta.

EVO, EN ALERTA

Evo Morales, tras conocer sobre la eliminación de la cuarta pregunta, la referente a los escaños, no quitó el dedo del renglón. Mediante redes sociales continuó reprobando la iniciativa, pues entiende que no es legal. Para él, el fondo de la cuestión es inhabilitar su nueva candidatura.

“A pesar de que el Gobierno descartó una pregunta, su propuesta de referendo es ilegal e inconstitucional, porque se intenta modificar la Constitución Política del Estado, lo que implica su reforma parcial y las vías para su convocatoria a referendo son necesariamente a través de una iniciativa popular o la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además, la CPE prohíbe la realización de un acto electoral junto a las Elecciones Judiciales. Luis Arce y David Choquehuanca deben ser más sinceros y honestos, lo que quieren es inhabilitarnos para las elecciones nacionales de 2025”, compartió en X