Jaqueline Alarcón, representante de la Defensoría del Pueblo en Potosí, lamentó la falta de políticas públicas para contrarrestar la aguda contaminación del medioambiente que se vive en esa región minera y que afecta principalmente a la capital del departamento. También cuestionaron a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por atentar contra la salud pública al otorgar contratos mineros en zonas de acuíferos, que contaminan el líquido que es destinado al consumo humano.

“No hay una política seria y estamos batallando porque existan políticas en Potosí, es un departamento minero y la ciudad está rodeada de diques de cola, está rodeada de residuos y no hay políticas serias a nivel departamental, peor a nivel nacional, el gobierno municipal hace muy pocos esfuerzos para que se pueda mitigar la contaminación ambiental”, dijo la representante a ANF.

La región está afectada por el polvo que se desprenden de los diques de cola, por la contaminación del agua con metales pesados de diques activos y que desembocan en lagunas, e incluso el uso desmedido e ilegal que hacen los ingenios mineros del agua potable que es para uso exclusivo de la población.

Alarcón indicó que incluso el aire contaminado, resultado de las quemas y los incendios que arrasan la Amazonía del país, también llega a Potosí y causó “momentos en que la contaminación del aire estaba muy alta”.

Dijo que, en época de vientos, el dique de San Miguel, de responsabilidad de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), genera mucha contaminación del aire, sin embargo, la entidad estatal no se hace cargo del mismo.

“Todas las acciones que se están haciendo lastimosamente son a exigencia de la Defensoría, nosotros hemos abierto casos en contra de Comibol (Corporación Minera de Bolivia) porque los diques de San Miguel en épocas de viento como mayo, junio, julio y agosto, prácticamente esparce todos los residuos mineralógicos que están en estos pasivos ambientales, y que están cerca al hospital Bracamonte”, refirió.

ANF pidió la versión de la Comibol a la unidad de Comunicación, pero no recibió respuesta hasta la publicación de esta nota.

La AJAM y la salud pública

El abogado ambientalista Camilo Vera cuestionó que la AJAM otorgue contratos mineros en áreas que atentan a los recursos hidrológicos, muchos de ellos sirven para la dotación de agua potable a la población.

“Creemos que AJAM no está velando por la salud pública, porque otorga áreas mineras en zonas de recursos hídricos donde se genera riesgo de contaminación”, dijo a ANF.
Explicó que la Administración Autónoma para Obras Sanitarias (AAPOS-Potosí), que está a cargo de las lagunas y la distribución de agua potable, ya presentó cuatro denuncias en contra de la AJAM, por estas asignaciones, sin hasta la fecha recibir respuesta.

“Realizamos junto a AAPOS una inspección y hemos evidenciado con fotografías que hay actividad minera en cercanías de las lagunas y afluentes de agua, hemos sacado una docena de cascos, botas, donde han reactivado justamente esa bocamina que está ya protegida por una Sentencia Constitucional, que en 2022 paralizó la actividad minera en el lugar, hemos hablado con la directora de AJAM que nos ha dicho que presentemos una nota con las cosas encontradas como la ropa de trabajo y cascos, pero al día siguiente ya no quería recibir los cascos”, indicó.

Pese a existir una determinación judicial para cerrar las operaciones mineras cerca de la laguna Mazuni, una comisión evidenció que no se cumplió con lo determinado por la justicia.

 “La microcuenca San Sebastián está en riesgo por la minera ilegal y porque la AJAM no ha clausurado una bocamina, nosotros con una Acción Popular logramos paralizar su trámite de contrato administrativo minero, porque se encuentra en cabecera de cuenca, y según el artículo 93 de la Ley Minera, no puede haber actividad minera en cabeceras de cuenca”, señaló Vera.

Indicó que otro sector afectado es la cuenca del Kari Kari que involucra a varias microcuencas, cuerpos de agua y lagunas, que hacen un total de 26 y son destinadas al consumo humano.

“Los cuerpos de agua de Pisco Ckocha, Ulistia, Lovato y Chalviri que se encuentran en la cuenca del Kari Kari están afectadas por la empresa minera Manquiri por el riesgo de contaminación por cianuro, porque en un lugar muy próximo la empresa ha instalado su presa de cianuro”, dijo.