Medio: RED UNO
Fecha de la publicación: domingo 20 de octubre de 2024
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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"Tuve contacto con algunos organismos internacionales, me pidieron una reunión reservada porque reunirse con Evo públicamente es un delito", afirmó Morales. Durante la conversación, expuso la urgencia de mejorar las condiciones de vida en las comunidades rurales: "Como hermano mayor del campo, no quisiera que mis hermanos menores sigan sin agua potable, sin luz. Necesito para arrancar, si gano las elecciones, mil millones de dólares". El exmandatario también destacó que uno de sus principales objetivos es garantizar que vivir en el campo no sea un sacrificio, sino una oportunidad.
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En medio de un bloqueo de carreteras que mantiene sitiado al departamento de Cochabamba, el expresidente Evo Morales ha arremetido contra el actual mandatario Luis Arce, a quien califica como el “primer bloqueador” del país.
Las declaraciones de Morales, emitidas durante su programa “Evo es Pueblo”, han reavivado tensiones políticas en un contexto de crisis económica y social.
El país enfrenta más de una semana de bloqueos indefinidos, una medida que, según Morales, debió iniciarse antes, pero que él logró posponer tras una intervención en una concentración en Sacaba.
Sin embargo, el clima de descontento se intensificó después de que el exmandatario recibiera múltiples procesos judiciales. “El delito de Evo para ser procesado es haber convocado a la marcha”, afirmó, refiriéndose a la movilización que busca “salvar Bolivia” de la crisis actual.
Morales responsabiliza al Gobierno de la creciente inestabilidad y los conflictos sociales. “Desde que comenzó la marcha, me ‘llovieron’ causas; antes, solo tenía un proceso, y ahora son 8 o 9”, denunció, haciendo eco del descontento popular que ha llevado a las protestas.
El expresidente también expresó su preocupación por la situación económica del país, sugiriendo que el Gobierno de Arce sigue “la receta del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional”, lo que, según él, agrava la crisis. “Si no se cambian algunos decretos, la situación será peor. Ahora no se puede garantizar trabajo para todos”, advirtió, instando a los funcionarios a practicar políticas de austeridad.
Por su parte, la abogada de Morales, Cecilia Urquieta, acusó al Ejecutivo de usar el sistema judicial para perseguir a su defendido: “Hay una guerra judicial contra Morales, con un órgano Judicial sometido al Ejecutivo”.
En este contexto, el expresidente planteó una reforma en el sector público, sugiriendo que, si regresara al poder, implementaría un horario laboral de 10 horas para mejorar la eficiencia.
El clima de inestabilidad persiste en el país mientras las protestas continúan, y el futuro político de Bolivia parece cada vez más incierto. Con la situación de Cochabamba como punto focal, el desafío para el Gobierno de Arce se agudiza, poniendo a prueba su capacidad para gestionar la crisis y recuperar la confianza de la población.
