La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este sábado en detalle el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, que establece para el 2019 la realización de las elecciones primarias de los binomios presidenciales.

La iniciativa permite a los militantes de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas elegir a sus candidatos y los resultados de estas elecciones serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio.

Las primarias serán administradas por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), pero la decisión de realizar el primer acto el 2019, rumbo a las elecciones generales del mismo año, generó susceptibilidades.

Los opositores y plataformas ciudadanas consideran que el oficialismo busca legitimar con las primarias una nueva postulación de Evo Morales a la presidencia, pese a que en el referendo del 21 de febrero de 2016 la mayoría de los votantes se opuso a esa posibilidad.

Según información oficial de la Cámara Baja, en el tratamiento del proyecto se realizaron algunos “cambios propuestos por oposición y oficialismo” con el fin de profundizar la democracia mediante la regulación de la conformación y funcionamiento interno de las organizaciones políticas.

Es así que la diputada de Unidad Demócrata (UD), Fernanda San Martín, propuso la modificación del título del artículo 18 “Régimen de Género” por “Régimen de Despatriarcalización”, ya que el articulado plantea la transformación en el régimen interno de los partidos para la promoción de la paridad, equivalencia e igualdad de oportunidades para la participación política de la mujer.

Asimismo, sus colegas, Jimena Costa y Beatríz Capobianco, también de UD, plantearon varias sugerencias que mejoraron el proyecto de Ley, remarcó la Cámara de Diputados en una nota de prensa.

Sobre el financiamiento económico a los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, el proyecto establece retornar al financiamiento indirecto público, pero prohíbe de manera específica recibir recursos del exterior.

Si es que se trata de cooperación internacional para fortalecer la democracia, el Tribunal Supremo Electoral estará encargado de distribuir los recursos bajo el criterio de proporcionalidad y equidad.

El proyecto indica que los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas deberán rendir cuentas ante sus militantes y la ciudadanía sobre los recursos que administra.

Además, el proyecto señala que la cancelación de la personería jurídica de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas se dará, entre otras razones, por su participación en acciones que conlleven racismo y discriminación, o la comprobada participación en golpes de Estado, sedición y separatismo.

El proyecto de Ley, que contiene 105 artículos, cuatro disposiciones transitorias y una abrogatoria –y que reemplazará a la Ley de Partidos Políticos vigente desde 1999– fue enviada a la Cámara de Senadores para su tratamiento.