En la última semana, una serie de recursos amenazaron con frenar las elecciones de nuevos magistrados e, inclusive, a la de Fiscal General del Estado, poniendo en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) toda la responsabilidad y el futuro de las mismas dejando en evidencia la “crisis institucional” por la que enfrenta Bolivia. 

El analista político Paul Coca, en contacto con Urgente.bo, señaló que esta “desinstitucionalidad” por la que enfrenta el país se ve reflejada en el proceso que atraviesan las elecciones judiciales que pone en vilo su realización el próximo 1 de diciembre y, por ende, las elecciones presidenciales del 2025. 

“Es paradójico, en este momento el TCP es juez, jurado y verdugo, porque el TCP de autoprorrogados es quien va a definir al final qué va a pasar con el proceso judicial y con ellos mismos. Es decir, ellos tienen la sartén por el mango y para una situación que no debería ser así”, señaló el analista. 

Para Coca, cambiar a las autoridades judiciales u otros factores políticos y coyunturales no cambiará el problema de fondo por el que atraviesa Bolivia, sino más bien la “solución” es cambiar el sistema contenido desde la Constitución Política del Estado (CPE) a través de un proceso constituyente. 

“La CPE es la que tiene que ser cambiada y modificada porque el político llega al poder como el marco jurídico constitucional que está en vigencia y todos tienen un modelo absolutamente establecido para poder quedarse en el poder y sin un poder ciudadano. Mientras no se cambie la CPE ese va a ser el problema”, aseveró. 

La crisis de la institucionalidad está a “un paso de convertir a Bolivia en Venezuela y de dos a Nicaragua”, dijo Coca y agregó que el “concurso y apoyo” de la ciudadanía boliviana  es muy importante para marcar un cambio en la política boliviana y evitar que los derechos sean vulnerados. 

“Ninguna de las instituciones del Estado es independiente, todas están sometidas al poder político y hay una delgada línea entre el poder del que gobierna y nuestros derechos. Si nuestros derechos disminuyen es porque el poder del que gobierna está aumentando y ese es un gran peligro que hay en el país por el que debemos estar preocupados”, añadió. 

Actualmente, al menos tres amparos constitucionales fueron interpuestos ante el proceso de selección de Fiscal General y otros tres ante el proceso de las elecciones judiciales que continúan en vilo. 

Por otro lado, el país se encuentra sumergido en una crisis política, social y económica, en donde las leyes son aplicadas para algunos y no para otros. 

“Nos encontramos con que en Bolivia, ante esta poca institucionalidad, la aplicación de la ley es selectiva, selectivamente el poder político la aplica contra unos y selectivamente no se le aplica entre otros. Es el caso de Evo Morales y su marcha”, finalizó.