El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este martes que las tres preguntas propuestas por el presidente Luis Arce para un referéndum fueron remitidas al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que tiene un plazo de 15 días para resolver o no su constitucionalidad.

Arce envío en inicio 4 preguntas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) referidas a la reelección presidencial, la subvención de la gasolina y el diésel; y la distribución de escaños. El ente electoral observó que tres de ellas no eran claras y la cuarta, sobre los escaños, requería una reforma constitucional.

"Hemos retirado la cuarta preguntada y hemos recogido las observaciones, hemos hecho lo que han pedido de darle precisión a las preguntas. Concluido ese procedimiento, la ley marca que debemos remitir las preguntas al Tribunal Constitucional, esto se ha hecho el día de ayer en el buzón digital y hoy se presentó el memorial físicamente en la ciudad de Sucre", informó Lima a los medios en La Paz.

Según Lima, el TCP tiene 15 días para remitir un informe de constitucionalidad, pero el Gobierno espera que lo haga en el menor tiempo posible, debido a que debe emitir el decreto del referéndum hasta el 1 de septiembre, caso contrario, no será posible la realización de la consulta prevista para el 1 de diciembre, fecha de las elecciones judiciales.

"Vamos a respetar el trabajo del TCP que tiene un plazo de 15 días. Si el TCP no se pronuncia antes del sábado el referéndum no va a poder llevarse adelante debido a que no vamos a cumplir el requisito de 90 días de preparación para hacer junto a las elecciones judiciales", dijo.

"También tenemos una incertidumbre, el TCP responderá en plazo o no lo hará. Nosotros solo podemos pedir que se responda antes del sábado", afirmó.

Dijo que según cálculos, el presupuesto para el referéndum no pasaría de 20 millones de bolivianos, que se sumarían a los 183 millones que el TSE pidió para las elecciones judiciales.

"Hemos calculado menos de 20 millones de bolivianos, estamos ahorrando al país", dijo.

Señaló que una vez que el TCP se pronuncie, este trámite va a volver junto a un decreto supremo al Órgano Electoral, que tiene la palabra final.