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Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: viernes 23 de agosto de 2024
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Referendos
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Si el pueblo decide, vía referéndum, aumentar el número de escaños en la Cámara de Diputados e incorporar la reelección de manera discontinua en la Constitución Política del Estado, se deberá abrir un procedimiento de reforma constitucional, señaló ayer el ministro de Justicia, Iván Lima.
“Lo que está planteando la pregunta (sobre la reelección) es una hipótesis que, de ser respondida positivamente, dará lugar a un procedimiento de reforma constitucional, claramente la decisión que va a asumir el pueblo boliviano con respecto a la reelección tiene una naturaleza política, no constitucional”, explicó el Ministro a la Red Uno.
Dos de las cuatro preguntas propuestas por el presidente Luis Arce para el referéndum hacen referencia a la posibilidad de incrementar los 130 escaños de la Cámara de Diputados e incorporar o no la reelección de manera discontinua en la Constitución.
La primera pregunta refiere: “¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del Presidente y Vicepresidente del Estado sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la Constitución Política del Estado?”.
Mientras que la consulta 4 prevé: “¿Está usted de acuerdo con modificar el artículo 146 Numeral I de la Constitución Política del Estado para incrementar el número de 130 diputados para que ningún departamento pierda su representación y que los departamentos con mayor población reciban un mayor número de diputados en función al resultado del Censo de Población y Vivienda 2024?”.
Junto con estas preguntas, el jefe de Estado propuso consultar al pueblo sobre si se mantiene o no la subvención a la gasolina especial y al diésel.
En este momento, las cuatro preguntas son sometidas a un proceso de revisión técnica en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y luego pasarán al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Contaminación
En tanto, Tahuichi Tahuichi Quspe, vocal del TSE, consideró que realizar de forma simultánea el referéndum y las elecciones judiciales puede “contaminar” políticamente al proceso electoral.
Tahuichi recordó que, en el encuentro multipartidario realizado por el TSE el 10 de julio, los representantes de los partidos políticos, con excepción de Evo Morales del MAS, firmaron un acuerdo que establecía que este año sólo se impulsarían las elecciones judiciales.
“ (Ahora) aparece esta figura que puede contaminar políticamente, sin duda alguna, a la elección judicial”.
El organismo electoral debe realizar una evaluación técnica para definir si las preguntas poseen claridad, precisión e imparcialidad. Tiene tres días para responder la carta al presidente Arce.
CC pide al TSE que rechace preguntas
El diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón advirtió que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no puede realizar un referendo junto a las elecciones judiciales por efecto del artículo 182, numeral II, de la Constitución Política del Estado (CPE).
El referido parágrafo de la Carta Magna señala que el Órgano Electoral debe proceder a la “organización, única y exclusiva” de las elecciones de magistrados.
Alarcón sostuvo que el TSE no debe corregir, debe rechazar.
“El tema de la subvención tiene un objetivo político”
El analista Marcelo Arequipa, en entrevista con Urgente.bo, señaló que dos de cuatro preguntas enviadas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) tienen objetivos políticos porque intentan resolver una “herida histórica” del país con relación a la subvención de combustibles.
“El segundo bloque, sobre el diésel y la gasolina, ambas tienen un objetivo político, porque intentan resolver una herida histórica en el país que tenemos, porque cada vez que se habla de subir el precio de los combustibles es sinónimo de convulsión social”, dijo el analista político.
Además, Arequipa mencionó que en el referendo se pone en juego el devolver al país una discusión política más que una “gestión económica”, por eso se enfocará en devolverle al Gobierno la centralidad del debate económico.
“Se trata de trascender el espacio estrictamente de la clase política, bajar a la población y tener un resultado en relación a ese tema para poder tomar decisiones que no vayan a comprometer la gobernabilidad en el país”, añadió.