Entre los 139 candidatos a las elecciones judiciales hay los que no cumplieron con la puntuación mínima, los que fueron funcionarios públicos, los que recibieron “ayuda” de miembros de las comisiones evaluadoras, los que actualmente trabajan en la administración pública y, finalmente, algunos que tienen denuncias en instancias judiciales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó que el 1 de diciembre de 2024 se realicen las elecciones judiciales para renovar las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional (TCP), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura (CM).   

Una de las observaciones a esta lista es que para alcanzar los criterios de equidad e inclusión en la lista de candidatos del Tribunal Constitucional se incluyeron a candidatos que no cumplieron con la puntuación mínima de 130.

El propio diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), del ala arcista, Jerjes Mercado, admitió que no quedaba otra alternativa y que se “habilitó a aplazados”.

Mercado detalló que “hay que decir la verdad a la gente. A los aplazados los hemos subido y hemos habilitado a varios aplazados (…) De los 36 postulantes preseleccionados TCP, 16 o 15 están aplazados. De las 16 mujeres, 13 reprobaron al igual que dos indígenas”, dijo el legislador a los medios el 5 de agosto.

Renuncia

Entre los candidatos también existen varios empleados que ejercen funciones en la administración pública y a quienes les exigen renunciar hasta el 31 de agosto.

El abogado constitucionalista Israel Quino dijo que los candidatos que son funcionarios públicos, operadores de justicia u vocales departamentales, deben renunciar a sus cargos hasta el 31 de agosto.

Quino explicó que así lo dispone el Art. 238.3 de la CPE y la Sentencia Constitucional 032/2019 del 9 de julio, al haberse determinado ya la fecha de elecciones judiciales para el 1 de diciembre.

Un ejemplo de funcionario que debe renunciar hasta el 31 de agosto es Marvin Molina, actual presidente del Consejo de la Magistratura y postulante al TSJ.

En estás nóminas también se encontró que 22 postulantes fueron funcionarios del Gobierno nacional o de los gobiernos subnacionales, sobre todo de las gobernaciones, según un análisis del portal de noticias Visión 360. 

También hubo denuncias de que en pleno examen de preselección fueron facilitadas las respuestas a algunos postulantes.

Entre los casos señalados, la senadora Patricia Arce fue identificada haciendo señas con la mano a postulantes.

Desde la bancada de Comunidad Ciudadana piden a la población emitir “voto castigo” a los postulantes observados en la selección a cargo de la Asamblea Legislativa.

“Los que han tenido evidencias, los que han sido ingresados y que hayan tenido malos antecedentes tendrán que castigarlos con sus votos, como el caso del ‘chanchullo’, eso ya depende de las personas”, dijo el jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón.

En un análisis que hizo el periódico Visión 360 identificó que los tres magistrados autoprorrogados son Ponciano Ruíz Quispe, que pugna por un espacio en el TCP como representante de Pando; Mariana Montenegro Añez que también postula al TCP a nombre de Beni, y Marvin Molina Casanova, que aspira a llegar al TSJ en representación de Potosí. El mandato de estos tres magistrados venció en diciembre del pasado año, porque en 2017 fueron elegidos.