Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: miércoles 07 de agosto de 2024
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Referendos
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Un auto constitucional que permite la revisión del procedimiento para la realización de un referéndum en Bolivia fue admitido en julio de este año. Este referéndum se llevaría a cabo el mismo día que las elecciones judiciales, con el objetivo de optimizar recursos, según el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.
Lima señaló que la fecha propuesta para el referéndum es el día de las elecciones judiciales, argumentando la eficiencia en el uso de recursos, ya que una elección judicial costará más de 184 millones de bolivianos. Añadir una urna adicional para el referéndum solo costará entre 10 y 15 millones de bolivianos. "Hay que aprovechar esta elección judicial y toda la movilización del país para tener el referéndum logrado y consolidado", enfatizó.
El auto constitucional 3/26/2024, emitido el 16 de julio de 2024, ha admitido la posibilidad de revisar el procedimiento de referéndum, que actualmente está en manos del Tribunal Constitucional. Según Lima, el vicepresidente David Choquehuanca ya ha respondido y la discusión constitucional ha sido admitida, iniciando una etapa de litigio que involucrará a todos los actores políticos.
Las preguntas del referéndum, propuestas por el presidente Luis Arce durante su mensaje del 6 de agosto, deben ser claras y precisas, y serán revisadas tanto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Lima explicó que, de acuerdo con el procedimiento constitucional, el referéndum debe realizarse antes de las elecciones judiciales. El TSE será responsable de definir la fecha exacta, con la convocatoria a elecciones judiciales esperada para esta semana, conforme a la Ley 1549.
Entre los temas a ser consultados en el referéndum están la subvención de hidrocarburos, la reelección presidencial, y la distribución de escaños en el parlamento. Lima subrayó que estos temas tienen implicaciones constitucionales y de interés nacional, y deben ser decididos con base en un análisis técnico y jurídico.